El juicio académico contra Guiñazú Mariani fue pedido por los estudiantes Martín Ussei, Luis Solana y Ricardo Stemphelet (integrantes de SUMATE) a raíz de un incidente protagonizado por la docente los días 23 y 24 de marzo de 2009. Allí atacó a un militante, Leonardo Avendaño, que estaba en la muestra y exposición “Camino de la Memoria”, realizada para recordar los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976.

La denuncia fue elevada al Consejo Superior de la UNLPam. Este resolvió conformar una comisión ad hoc para resolver los pasos a seguir. Esta comisión, al no estar constituido el Tribunal Universitario, expresó que se debía conformar y que el pedido de juicio académico debía salir del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, de la que Guiñazú Mariani era doente.

La comisión estuvo conformada por José Sappa y Miguel Osio (docentes), Antonio Sapegno y Carina Re (graduados), Adrián Parodi y Mario Ibáñez (estudiantes) y Claudia Maidana y María del Carmen Tejedor (no docentes).

Al mismo tiempo se redactó el reglamento de funcionamiento del juicio académico.

Cajón

El pedido de juicio académico quedó en la asesoría legal del UNLPam para un dictamen legal. El asesor legal Miguel Palazzani, en su primer pronunciamiento, dijo que era “procedente y viable la promoción del juicio académico a la profesora Guiñazú Mariani por darse los presupuestos estatutarios que habilitan dicho procedimiento”. Y opinó que no existían impedimentos para que el Consejo Directivo de la Facultad de Económicas y Jurídicas eleve el pedido al Consejo Superior.

Habilitar Tribunal

El Consejo Directivo de Ciencias Económicas resolvió el pasado lunes 5 de julio. Se votó por unanimidad elevar al Consejo Superior el pedido de juicio académico contra Guiñazú Mariani para que ese cuerpo de intervención al Tribunal Universitario.

En los considerando, los consejeros directivos citaron el artículo 58 del Estatuto de la UNLPam que dice que el personal docente “puede ser sometido a juicio académico. Para que el juicio se promueva, se requiere acusación fundada de docentes, graduados o estudiantes en conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Superior de la UNLPam”. Además se respaldaron en el dictamen del asesor legal Palazzani.