Luego de 21 años de impunidad, comenzará este martes el juicio oral y público contra cuatro policías del Chaco por la muerte del artesano cordobés Juan Ángel Greco. En 1990, Greco sufrió serias quemaduras mientras estaba detenido en una comisaría de Puerto Vilelas. Murió pocos días después en el hospital. La causa tuvo graves falencias investigativas que derivaron en el archivo de las actuaciones. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posibilitó la reapertura del expediente, caratulado ahora como abandono de persona seguida de muerte.

Se determinó que el Tribunal que juzgará por este caso a los policías Juan Carlos Escobar, Adolfo Eduardo Valdez, Julio Ramón Obregón y Ramón Antonio Brunet (quienes estaban en la guardia de la comisaría cuando se calcinó Greco) esté constituido por los jueces Zulma Graciela Chavarría de Ise (como presidenta) Elda Torresagasti y Víctor Emilio del Río.

En tanto, el fiscal de cámara será Jorge Gómez y, como querellante particular, el fiscal penal especial en Derechos Humanos, Francisco Turraca. Los abogados que actuarán como defensores serán: por Escobar, Marco Antonio Molero; por Valdez, Pedro Mañanes; por Obregón, Carlos Ameri y por Brunet, será el defensor oficial penal Nº 4, Ernesto Azcona. La carátula del expediente se denomina “1-01/10 Escobar Juan Carlos, Valdez Adolfo Eduardo, Obregón Julio Ramón y Brunet Ramón Antonio s/Abandono de persona seguido de muerte”.

25/06/1990

La tragedia del artesano nacido en localidad cordobesa de La Falda comenzó la noche del 25 de junio de 1990 en el centro comercial del barrio 500 viviendas, en Barranqueras. Allí, mientras Greco se encontraba tomando una cerveza con un amigo, un guardia del local le exigió a ambos que se fueran. Por razones que se desconocen, se originó una pelea que terminó con Greco golpeado en el brazo izquierdo.

La causa muestra versiones disímiles con lo que sucedió después. Según la policía, Greco paró a un patrullero denunciando lo ocurrido. Al ver que estaba con un alto estado de ebriedad y muy agresivo, los uniformados lo detuvieron y lo llevaron al destacamento de ese barrio. Por el contrario, de acuerdo a la familia del artesano, Juan fue hasta el destacamento policial del barrio (que dependía de la Comisaría de Vilelas) a denunciar el hecho y sin mediar explicación lo apresaron.

Posteriormente fue trasladado a Vilelas. Nuevamente, las versiones sobre lo que ocurrió allí difieren. En su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado chaqueñoa señala que Greco prendió fuego un colchón y que rápidamente fue atendido y su integridad física resguardada por la guardia policial. Los familiares, en cambio, sugieren que fue la policía quién inició el incendio y que tardaron mucho tiempo en socorrerlo, lo que le provocó heridas mortales. Esta acción se sucedió previa a una brutal golpiza, según indicaron. Hay una tercera versión dada por Eugenio “Poncho” Soto, amigo de Greco, quien señaló que el artesano le confesó que él mismo inició el fuego pero que la policía “dejó que se queme”.

EL FINAL

Juan estuvo varios días en terapia intensiva, sedado, esposado y con custodia policial. Su mujer, Bibiana D’Alfeo, lo acompañó desde el comienzo de la internación en el Hospital Perrando. Durante su estadía, tuvo mejorías en su salud. De hecho pasó de terapia intensiva a una sala intermedia. El 4 de julio, su concubina se retiró unas horas del Hospital para ir a su casa a ducharse, ya que Greco se encontraba mejor. En ese interín, el artesano murió de un paro cardiorrespiratorio, según se informó oficialmente.

D’alfeo aseguró ante la Justicia que recibió relatos confusos sobre lo ocurrido. Una enfermera le dijo que el propio Greco se había arrancado la máscara de oxígeno, mientras que horas más tarde un médico le había indicado que la muerte se debió a un paro cardíaco. Las sospechas sobre la causa real de su muerte se acrecentaron al día siguiente, cuando fue sepultado sin comunicárselo previamente a su familia y sin que se le hubiera realizado una autopsia.

La concubina de Greco señaló además que en los días en que el artesano estuvo en el hospital ningún funcionario judicial le tomó declaración. Sostuvo también que fue a hablar con el juez local, pero éste al parecer no tenía intenciones de involucrarse en el caso. No le tomó una declaración formal, además de reaccionar de una manera lamentable cuando denunció los apremios ilegales que sufrió su novio: el juez le respondió que era “lo habitual” en el accionar policial. Poco después, D' Alfeo, abandonó Chaco por temor ya que “le decían que la Policía la iba a matar”, según detalla la querella que presentó en su momento la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de la provincia, organismo que se constituyó finalmente en el único querellante de la causa.

VAIVENES

JUDICIALES

Cabe recordar que las dos causas penales que se abrieron inmediatamente después de ocurrida la muerte de Greco se dedicaron, paradójicamente, a investigar al artesano. Así, se tramitó el expediente 1905/90, en el Juzgado de Instrucción Nº3, cuyo titular era el actual juez camarista, Alejandro Parmentler. La causa fue caratulada como “desacato, resistencia, atentando contra la autoridad y lesiones”, sindicando al artesano como el agresor de dos policías. A la par se abrió otro expediente contra Greco por su participación en el incendio. Con su muerte, ninguna causa avanzó. Nunca se investigó de manera seria la responsabilidad policial respecto del tiempo que estuvo Greco expuesto al fuego, ni tampoco sobre las irregularidades en su detención y los apremios que dice la familia que sufrió.

Por eso, la madre del artesano, Elena Bastianini de Greco, presentó en 1995 una denuncia para que se abra una investigación seria para dilucidar qué le pasó a su hijo. El fiscal que recibió la presentación se expidió rápidamente señalando que no se podría iniciar las actuaciones debido a que la causa era “cosa juzgada”. Luego de reclamar ante casi todos los organismos estatales sin recibir respuesta alguna, Bastianini acudió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tomó el caso. El 3 de diciembre de 1996 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el CELS elevó una presentación denunciando el hecho como un paradigma de la violación a los derechos humanos fundamentales de las personas y exigiendo la reapertura de la causa.

En 2001, la CIDH declaró admisible el caso. En septiembre de 2002, se reunieron representantes de los estados provincial y nacional junto a miembros del organismo con la intención de llegar a una solución amistosa, la que se dio en octubre de 2003. El Estado chaqueño reconoció que no investigó el caso como debía y se acordó finalmente la reapertura de las actuaciones y un resarcimiento económico a los deudos. Además se hizo hincapié en el compromiso de profundizar los controles en comisarías y de crear la Fiscalía de Derechos Humanos, actualmente en funcionamiento, entre otras solicitudes.