El jury de enjuiciamiento convocado por el Caso Carla Figueroa retomará hoy su actividad para, entre otras cosas, definir si el juez Gustavo Adolfo Jensen también debe quedar bajo sospecha y sentado en el banquillo pese a haber presentado la renuncia.

El pedido de que Jensen sea considerado como uno de los investigados lo formuló el diputado Martín Berhongaray (UCR/FrePam), aunque hay antecedentes en que funcionarios judiciales en situación parecida se acogieron al retiro para zafar del jury, que es lo que quiso hacer Jensen.

El otro juez del Tribunal de Impugnación Penal bajo la lupa es Carlos Flores, quien ya adelantó que se someterá al jury y ejercerá su derecho de defensa.

Los dos magistrados permitieron la libertad de Marcelo Tomaselli, otorgando la figura del avenimiento. La decisión fue fatal: a los pocos días, el “perdonado” Tomaselli -que antes había violado a su ex pareja Carla Figueroa- la asesinó.

El jury está integrado por Eduardo Fernández Mendía (integrante del Superior Tribunal de Justicia), los diputados Berhongaray y María Silvia Larreta (Partido Justicialista) y los abogados Sergio Escuredo (de Parera) y Ana Mariela Bonaveri (de Rancul).

En la primera jornada del jury, que pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, se integró formalmente el jurado, se dio a conocer la acusación y se pidió una copia del expediente judicial. Berhongaray pidió que también se someta a jury a Jensen.

Respecto de ese punto, de los actuales integrantes del jury Fernández Mendía ya tiene fijada posición en otro caso, el del juez piquense Francisco Rodríguez. En esa ocasión el ministro del STJ votó por dar por terminado el jury.

Berhongaray en esa ocasión votó por la continuidad del proceso, en una votación que se definió 4 a 1 en contra de la postura del legislador. Lo mismo ocurrió con el caso del juez Daniel Ganza.

Ahora, una vez que se definan las posturas de los otros integrantes, se resolverá si el jury incluye a Jensen.

Flores decidió afrontar el jurado de enjuiciamiento y se comprometió a “dar todas las explicaciones que me sean requeridas. Creo ser un funcionario responsable”.

“Para muchas personas entiendo que puedo haber tomado una decisión controversial. Pero todos sabemos que el derecho no es una ciencia exacta. Creo haber actuado a derecho. Si bien algunas personas, entre ellas el doctor (Raúl) Zaffaroni, han señalado que se trata de una norma arcaica, creo que no es así. Desde el punto de vista jurisprudencial creo que he actuado a derecho”, insistió.

La defensa del magistrado está cantada: insistirá en que la propia víctima hizo fuerza para que se dictara la libertad de Tomaselli, referirá que la figura del avenimiento nunca fue derogada y esa no es tarea de la Justicia sino de los legisladores, aludirá a otros casos en que se aplicó idéntica herramienta pero sin un desenlace fatal y señalará incluso que los funcionarios que podían apelar la medida demoraron los días suficientes como para que se produjera el crimen.

Lo que puede complicar a Flores es que el avenimiento, de acuerdo con los pactos internacionales a los que adhiere la Constitución, no debe ser aplicado en casos de violencia de género. Otro punto flojo en su defensa es el hecho de que, según prestigiosa interpretación jurídica, tampoco es aplicable esa figura en los casos en que hay agravantes: en este caso concreto y puntual el abuso se agravó por la utilización de un arma.

Además, Flores también queda mal parado ante la evidencia de que otro integrante del TIP, Pablo Balaguer, consideró inapropiado el avenimiento y lo mismo hicieron otros cinco funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso.