Demandarán al Estado y al Poder Judicial por daños y perjuicios en la detención de cuatro personas que fueron imputadas, y también solicitarán un jury de enjuiciamiento contra los funcionarios judiciales que formaron parte de la causa.

Las medidas fueron anunciadas ayer, durante una conferencia de prensa, por el abogado patrocinante de la causa Omar Gebruers, la letrada de la Cofavi, Ana Herren, y las dirigentes locales Mabel Yapur y Alba Medina, que también denunciaron otros casos de violencia social.

Durante la próxima semana, Gebruers elevará un pedido de jury de enjuiciamiento contra los jueces Manuel Alvarez, Alvaro Reyes y Pablo Balaguer, y el fiscal Hugo Vercellino. Deberán ser juzgados políticamente por mal desempeño en las tres causas vinculadas con el crimen del jornalero Juan Carlos Canale.

Mediante un comunicado de prensa, señalaron que "toda prueba a favor de la defensa fue ignorada (por los jueces), utilizándose para la condena, exclusivamente, la prueba falsa armada por la propia fuerza policial", y afirmaron que "se descartó desde el inicio la muy probable responsabilidad y participación policial en el crimen del jornalero, como así también en las reiteradas sesiones de torturas a las que fueran sometidos los imputados falsamente".

Alvarez y Reyes son los jueces de General Acha que instruyeron esas causas, mientras que Balaguer y Vercellino fueron los fiscales actuantes en la primera y segunda instrucción de la causa, respectivamente. Balaguer estuvo a cargo de la fiscalía durante la instrucción del crimen, ya que en 2005 fue ascendido a juez de instrucción y trasladado a esta ciudad y en 2007 juró como juez del TIP.

"Estos magistrados no tomaron las denuncias por apremios que habían hecho los imputados, ni siquiera las tramitaron. Balaguer, por su parte, no impulsó la acción porque decía que los golpes eran lesiones y tenían que ratificar la denuncia", comentó Gebruers. "La causa fue archivada durante 4 años, por la inacción de Balaguer. Después, se llegó a conclusión de que se trataba de torturas y no de lesiones, y se tendría que haber impulsado la acción inmediata. Y tampoco se investigó la hipótesis policial, que es fundamental", agregó.

Canale fue asesinado el 31 de octubre de 2002 en una celda de la Alcaidía de Acha, a los 48 años, después de recibir una brutal paliza. Fue detenido injustamente por una denuncia por un presunto exhibicionismo que nunca se comprobó. Además, en forma ilegal lo dejaron en el mismo pabellón que los otros presos.

Por todo esto, la Cofavi intervendrá en el Caso Canale, reclamando el jury de enjuiciamiento a los funcionarios judiciales que participaron de la causa, y no tuvieron intención de investigar la pista policial. "Estamos profundamente preocupados por esta nueva instancia de investigación, en la que nuevamente se deshecha toda prueba de culpabilidad de los integrantes de la fuerza policial en el homicidio de Canale, y en los tormentos sufridos por quienes fueran imputados, hoy absueltos", indicaron desde la entidad.

Por otro lado, la Cofavi anunció que demandará durante la próxima semana al Estado provincial y al Poder Judicial por daños y perjuicios por la injustificada detención, acusación, procesamiento, condena, prisión durante cuatro años, traslados ilegales y tortura sistemática aplicada sobre las cinco personas que estuvieron detenidas, y luego fueron absueltas.

La demanda rondará los 4.500.000 pesos, aunque esta cifra puede modificarse si se comprueba que los detenidos ilegalmente sufrieron lesiones por las que permanecerán con secuelas de por vida. En 2004, por el homicidio, fueron condenados a 12 años de prisión Andrés Tressen, Miguel Rodríguez, Gustavo Alarcón y Pedro Roveda. Dos años después, la Corte Suprema anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio. En 2009, la Cámara en lo Criminal 1 absolvió a los imputados por el beneficio de la duda, por lo que el crimen hoy sigue impune.

Cofavi y otros dos casos en La Pampa.

La Cofavi reclamó ayer nuevamente por otros dos casos importantes de delitos que aparentemente fueron cometidos en territorio pampeano. Uno de ellos es el de Alba Medina de Altube, donde el Banco de La Pampa habría adulterado escrituras públicas para quedarse con el campo de su esposo fallecido. Por esto, la mujer acusó directamente al ex gerente Abel Francisco Lonegro, como uno de los partícipes de la maniobra.

El despojo del que fueron víctimas su fallecido esposo Miguel Angel Altube y ella incluyó dos fracciones de campo, ubicadas en la localidad de Lonquimay, de aproximadamente unas 1.300 hectáreas, y otros elementos personales.

Altube falleció como causa de la profunda depresión en la que cayó como consecuencia del ilegal e ilegítimo despojo que sufrió a manos de los funcionarios del BLP, comentó su esposa.

Cofavi, según señalaron, espera que el gobierno provincial, con amplia participación en la entidad bancaria pampeana, entienda que éticamente este despojo debe ser resarcido, ya sea con la inmediata restitución de las tierras a sus legítimos dueños o el pago de la correspondiente indemnización.

Medina se animó allí a denunciar públicamente a una de las personas que participó, según ella, de las maniobras por las que terminaron despojando a su familia de sus propios bienes. "Es tremenda la impunidad con la que se trató el caso. Voy a lucha presentando las nulidades necesarias, por que quiero recuperar lo que es mío", indicó y agregó "Abel Francisco Lonegro tuvo participación en el caso".

Por otro lado, Mabel Yapur presentó también su caso. Ella reclama la restitución de los bienes que integraban el patrimonio de sus padres, que fueron trasladados desde Larroudé hacia la ciudad de Córdoba. Ambos fallecieron allí en poco tiempo; previamente habían sido desposeídos de todo su patrimonio mediante operaciones y escrituras simuladas.

En las diversas operaciones, existió complicidad de escribanos y funcionarios del Registro de la Propiedad de Santiago del Estero y Córdoba -ambos intervenidos por este caso-, como así la participación de una organización delictiva, compuesta por las hijas y yernos del segundo marido de su madre, Pedro Gallo, quienes aprovecharon la situación de disminución de facultades mentales de Adelia Buffa, por padecer de alzheimer, para apropiarse de sus bienes y de todo el patrimonio de su primer marido.