Una fuente judicial confirmó que esos tiempos son los que está manejando la fiscalía, ya que "está todo listo" para que la causa vaya a juicio oral y público. En ella lo que se investiga es si ambos imputados, aprovechando que dos menores de 16 años estaban alcoholizados, mantuvieron relaciones sexuales con ellas sin consentimiento. Como medida preventiva, la jueza de Control, Florencia Maza, les impuso a ellos una serie de medidas restrictiva para que no se comuniquen ni se acerquen a las presuntas víctimas.

Los impedimentos son acercarse a menos de 200 metros de las adolescentes por un plazo de 90 días (que vence dentro de dos semanas y puede ser prorrogable), a sus domicilios particulares y al colegio céntrico al que ocurren en horarios específicos, y no tener contactos telefónicos, ni a través de las redes sociales, ni de ningún otra vía. Si esas disposiciones fueran violadas, podrían ser detenidos.

Ros, apodado Chino y de 32 años, habría abusado de una de las menores en el domicilio de Escalante 546, y Barrera, de 24, de la otra, allí y en el propio boliche Babilonia, ubicado en Pellegrini entre Roca y Juan B. Justo. Ellos negaron la acusación y afirmaron que las relaciones fueron consentidas.

El artículo del Código Penal por el que están imputados es el 119, que en la parte pertinente dice que será reprimido con entre 6 y 15 años quien abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando, aprovechándose de que la víctima, por cualquiera causa, no haya podido consentir libremente la acción, hubiese acceso carnal por cualquier vía. En este caso el aprovechamiento sería la ebriedad de las chicas. Las sospechas de la fiscalía apuntan a que ambos estimularon a las menores beber en exceso y en forma gratuita dentro de Babilonia.

Ordás ha negado públicamente que dentro del grupo que se quedó en el boliche hasta último momento, en la madrugada del pasado 8 de abril, estuviera el hijo de un altísimo funcionario provincial, a pesar de que algunas personas lo habrían visto allí.

Por la situación vivida, las víctimas dejaron temporalmente de ir a la escuela y fueron tratadas por psicólogos. Justamente los informes de los profesionales actuantes fueron incorporados como pruebas en el expediente.