El Casino refuta las cifras de sus ingresos

El vicepresidente ejecutivo de Casino Club, Ricardo Oscar Benedicto, salió a dar la versión de la firma respecto de lo que percibe y lo que paga de canon a la Provincia.
“La recaudación anual nuestra es de 79 millones de pesos en el último año en lo que es juego, confitería y entradas... Y no es cierto que sólo pagamos tres millones, pagamos once millones anuales de los cuales 6.139.000 pesos es en concepto de ingresos brutos y 4.888.000, de canon”, precisó mediante un contacto telefónico desde Capital Federal respecto a una serie de declaraciones realizadas por el diputado provincial Martín Berhongaray.

El legislador había asegurado, en una entrevista con El Diario, que “Casino Club debería estar pagando sesenta millones de pesos al ISS, pero paga tres millones”. Así se refirió al cambio del contrato que el fiscal de Investigaciones Administrativas Juan Carlos Carola ya dictaminó que fue irregular y denunció ante la Justicia.

Cabe recordar que Casino Club inició su actividad en las instalaciones del Club All Boys. Después recibió un préstamo de cinco millones de dólares para construir su edificio en ruta 5 y Circunvalación. Fue por el año 1997. La finalización de la obra se demoró, por las dificultades de la Convertibilidad -la recesión económica fue brutal-, y finalmente se inauguró en el año 2000.

En la nota con este diario, Berhongaray -que denunció el caso ante la FIA- reiteró la “ilegalidad cometida” con el funcionamiento de la segunda sala de juegos del Casino Club y la “falta de cumplimiento del contrato”. La denuncia de Carola dio lugar a una investigación judicial, a cargo de la jueza de Instrucción Florencia Maza, que tiene al ex presidente del ISS Miguel Ángel Erquicia como imputado.

Al referirse a las responsabilidades de las autoridades del Instituto de Seguridad Social, el legislador mencionó que el Código Penal denomina “encubrimiento” al accionar de quien, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, “oculta o hace desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito”. “El máximo de la escala penal prevista para aquel accionar asciende a seis años de prisión cuando el autor fuere funcionario público”, agregó.

Comentá la nota