En la agenda de problemas sociales, el del acceso a la vivienda por parte de familias de ingresos medios y bajos es un tópico relevante y de urgente solución.

Existen en la actualidad importantes privaciones con respecto a las condiciones habitacionales que aluden a la existencia de un déficit habitacional. Su cuantificación involucra tanto la necesidad de construcción de nuevas viviendas para la población que no dispone de este activo, como reposición de aquéllas que están en condiciones irrecuperables, y mejora de las que tienen deficiencias en su calidad o servicios, pero pueden ser restauradas.

Existe un indicador compuesto que clasifica a las viviendas en términos de irrecuperables (se necesita construir nuevas viviendas), recuperables (a pesar de tener deficiencias graves incluyendo malas condiciones sanitarias, sólo requieren mejoras) y adecuadas (no requieren ninguna modificación): el Índice de Calidad Global de la Vivienda (ICGV), que colapsa una serie de dimensiones relativas a la calidad de la vivienda.

Existe cerca de 3 millones de hogares en viviendas deficitarias según cifras de 2010, de las cuales 2,7 millones son recuperables y 300 mil irrecuperables. Mientras que en el promedio del país, 24% de los hogares habitan en condiciones precarias (viviendas recuperables o irrecuperables), en provincias como Jujuy, Formosa y San Juan, más de 4 cada 10 hogares se encuentra en dicha situación, mientras que en otras como La Pampa, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, no mucho más de 5% de los hogares sufren alguna carencia a nivel habitacional.

Pero además de las viviendas inadecuadas, el déficit habitacional incluye aquéllas que son necesarias debido a la insuficiencia del número de viviendas. La definición de hacinamiento es útil para aproximar cuantitativamente esta situación. Se podría suponer que los hogares que viven hacinados (más de 3 personas por cuarto) requerirían la construcción de viviendas nuevas o ampliaciones de las existentes. En 2010 había 514 mil hogares hacinados (4,1% del total). El hacinamiento tiene un impacto muy desigual dependiendo del lugar del país donde habite el hogar.

?Sumando los requerimientos de vivienda indicados por la precariedad de las mismas (según el ICGV) a los que surgen de la existencia de hogares hacinados, se obtendría un déficit total de 820 mil viviendas nuevas (total de hogares en viviendas irrecuperables más hacinados) y 2,7 millones de viviendas que necesitan mejoras. Esto suma un total de 3,5 millones de hogares que necesitan de potencial atención por parte de la política habitacional.

La ausencia de vivienda o las condiciones habitacionales precarias deben ser las prioridades en la política habitacional. Sin embargo, debe reconocerse que es cada vez más difícil para sectores de ingresos medios acceder a una vivienda propia, principalmente por falta de financiamiento a largo plazo (el crédito hipotecario ha perdido participación en el PIB, pasando de cerca de 3,4% a inicios de 2003 a 1,2% en la actualidad). Las medidas más usuales tendientes a solucionar este aspecto incluyen la apertura de líneas de créditos hipotecarios con condiciones especiales.

El limitado acceso de la clase media a la propiedad de la vivienda deriva en que 2,3 millones de hogares están alquilando, con una incidencia variable de acuerdo a la región.

Se ha modificado el papel del Estado en relación con los problemas habitacionales, destinando una importante cantidad de recursos a la cuestión habitacional de manera centralizada. Se ha pasado de un reparto automático y descentralizado a otro discrecional y centralizado de los fondos de vivienda.

Una de las consecuencias de esta configuración más centralizada y discrecional en la asignación de fondos es que el gasto en viviendas sociales per cápita resulta muy dispar entre las distintas jurisdicciones. En provincias que tienen buenos indicadores sociales, como Santa Cruz, Tierra del Fuego o Chubut, el gasto en vivienda y urbanismo en 2009 superó los 0 por habitante, mientras que en aquéllas con mayor tasa de pobreza, como Corrientes o Formosa, el gasto resultó menor a 0 per cápita.

DISTRIBUCION DESIGUAL

En 2010 la política habitacional mostró una distribución muy desigual entre provincias, lo que se refleja en erogaciones per cápita en vivienda muy diferentes realizadas por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. El gasto en La Pampa y Tierra del Fuego superó los 0 por habitante, mientras que en San Luis fue inferior a por habitante.

Según los datos de la Subsecretaría de Desarrollo y Urbanismo, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Obras Públicas de la Nación, entre 2003 y mayo de 2011 fueron terminadas cerca de 609 mil viviendas. En 2010, con datos del Ministerio de Economía de la Nación, se terminaron menos de 35 mil viviendas. La distribución geográfica de las viviendas construidas también es testigo de la falta de un criterio objetivo en la política habitacional: en Misiones se terminaron 79 viviendas cada 1.000 habitantes desde 2003, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, 1 vivienda y media cada 1.000 habitantes.

Comparando las cifras de viviendas terminadas con los requerimientos habitacionales de nuevas viviendas (por viviendas irrecuperables y hogares hacinados), queda a la vista la insuficiencia de los esfuerzos realizados en los últimos ocho años. Las 609 mil viviendas construidas entre 2003 y mayo de 2011 no llegan a cubrir la necesidad actual de viviendas sociales estimada en 820 mil viviendas nuevas. Existen jurisdicciones donde la brecha es superior (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Corrientes). En otras, el esfuerzo necesario para dar respuesta al déficit habitacional incluso es inferior al realizado en los últimos años (Misiones, Tierra del Fuego, La Pampa y Santa Cruz).

La discrecionalidad en el reparto que realiza en la actualidad el Ministerio de Planificación queda en evidencia cuando se observa la brecha con la distribución que implica el sistema correspondiente al FONAVI. Buenos Aires ha sido la provincia más beneficiada, ya que su participación sobre los fondos del Ministerio de Planificación supera en 19 puntos porcentuales al coeficiente correspondiente al FONAVI. Las jurisdicciones más postergadas han sido Santa Fe, Córdoba, San Luis y Chaco (el porcentaje de fondos de vivienda que reciben está 4,9, 4,2, 3,6 y 3,3 puntos porcentuales respectivamente, por debajo del coeficiente correspondiente en el reparto del FONAVI).