El Tribunal de Cuentas no pudo, sin embargo, determinar el volumen de la mercadería que se incineró, por cuanto buena parte de la documentación no fue hallada. La quema había sido ordenada por el Instituto de Control de Alimentos, cuando estaba dirigido por el hoy responsable de Lucha contra las Adicciones, Mario Elizalde, en razón de que buena parte de los productos estaban vencidos o, peor aún, habían sido invadidos por las ratas en el depósito del predio del Ejército.

La mercadería había sido comprada con una inversión superior a los 6 millones de pesos, aportados en su mayor parte por la Nación, en el marco del plan “El hambre más urgente”. Según el Tribunal, de la documentación reunida en cinco años de investigación y de los testimonios recogidos, se pudo deducir “que no medió un adecuado plan de recepción y entrega programada de mercaderías, no obstante el importante monto invertido, entendiendo que primó la imprevisión, negligencia en quienes tenían la responsabilidad, control y distribución de las mercaderías”, por lo cual, agrega el dictamen, se acreditó el “nexo causal entre la negligencia y el daño al fisco”