A casi dos meses del reclamo de un grupo de adjudicatarias, y pese a las promesas del ministro de Obras y Servicios Públicos Jorge Varela, las 720 casas entregadas por el IPAV en el barrio Esperanza, siguen teniendo el mismo estado de deterioro. Alejandra Falcón, una de las manifestantes, dijo que hace dos semanas, las beneficiarias se reunieron con el encargado del área gubernamental de Inspección de Vivienda, Luis Cabrera, quien les replicó que se quedaran tranquilas y que había personas trabajando en la reparación de las casas sociales. "Pasaron los días, a las casas no fueron, y es una absoluta mentira que recorren el barrio como dijeron en varias oportunidades", disparó la beneficiaria. Y ejemplificó: "Sólo vino un gasista a ver un horno de una casa que explotó, y nada más".

Falcón dijo que la mayoría de las viviendas, entregadas en febrero del 2011, continúan con pérdidas de luz, goteras, filtraciones de agua, humedad en las paredes y problemas en los techos.

En tanto, y siempre de acuerdo con la adjudicataria, los operarios de la empresa Arrigone, la firma constructora de las viviendas, se acercaron a las moradas de algunas beneficiarias, "sobre todo las que manifestamos públicamente este problema" y realizaron algunas reparaciones pero "a medias". La mujer insistió que "todavía seguimos esperando que, como prometieron, arreglen las 720 casas del barrio".

Promesa.

El conflicto se desató el 24 de agosto. Un grupo de aproximadamente diez adjudicatarias reclamó por el mal estado de 720 viviendas y coincidió que, del total de las moradas, sólo recorrieron y arreglaron tres. Por su parte, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, le dijo a LA ARENA que las unidades habitaciones permanecían en el período de garantía y que la empresa constructora trataba de solucionar las deficiencias. A su vez, el funcionario provincial expresó que hasta que no se satisfaga la demanda de los beneficiarios, "la responsabilidad será directamente de la firma contratista". También afirmó que los empleados del área de Inspección de Vivienda - perteneciente al Gobierno provincial-recorrieron las construcciones para detectar las falencias habitacionales. No obstante, las manifestantes desmintieron la versión del funcionario y reiteraron que más de medio centenar de casas tenían importantes problemas edilicios.