ROCA (AR).- Seis jueces de Instrucción de Roca deberán asumir y resolver cerca de 400 causas penales que se abrieron hace años en el ex juzgado multifueros de Villa Regina y que se reasignaron a principios de 2009 "para asegurar su tramitación y terminación en los plazos procesales previstos". La "situación estructural y coyuntural del Juzgado", consideró por entonces la Resolución 267/09 del Superior Tribunal de Justicia, dictada el 18 de mayo de 2009, obligaba a purgar el juzgado de causas atrasadas para entregárselo casi a cero al juez Milton Dumrauf, quien asumió en enero de 2009.

Desde entonces cientos de víctimas e imputados viven en la incertidumbre de no saber qué destino tendrán sus causas, ya que ninguno de aquellos expedientes avanzó un solo paso en cuanto al fondo de los asuntos investigados. Todos quedaron en suspenso mientras jueces, fiscales, la Procuradora y los miembros del STJ cruzaban opiniones para aclarar a qué jueces correspondería seguir a cargo.

Esa indefinición de competencias parece haber sido zanjada por un fallo que dictó el STJ a mediados de este mes, en el que dispuso que todas las causas derivadas de Regina quedarán en Roca, repartidas entre los juzgados de instrucción 2 (Rubén Norry), 4 (Emilio Stadler), 6 (Margarita Carrasco), 8 (Juan Torres) y 12 (Pablo Iribarren) y el juzgado 10 (ahora de Ejecución).

El derrotero de los casi 400 expedientes fue largo y aún no termina. Cuando la Resolución 267 dispuso "que determinadas causas en trámite ante el (ex) Juzgado de Instrucción, Familia y Sucesiones Nº 20 de la ciudad de Villa Regina fueran redistribuidas en General Roca", la procuradora General de la Provincia, Liliana Piccinini, ordenó a los fiscales de Villa Regina apelar la medida. Los agentes a su cargo cumplieron, argumentando que sacar las causas del juzgado de Regina y ponerlas en manos de jueces de Roca era "violatorio de la garantía constitucional del juez natural".

Las apelaciones fueron derivadas a las tres Cámaras Criminales de Roca y aplicando similares criterios, las tres rechazaron los recursos y confirmaron la validez de la reasignación general de causas. Pero una nueva disposición de la Procuración ordenó a los fiscales de Cámara de Roca, Eduardo Scilipotti y Edgardo Rodríguez Trejo, presentar tantos recursos de casación como sea necesario para tratar de revocar cada uno de los rechazos a las apelaciones de los fiscales de Regina. Ellos también cumplieron, y alegaron no sólo la supuesta violación al principio del juez natural sino también al derecho de "inmediación", puesto que, según afirmaron, "denunciantes, víctimas, imputados o testigos deberían trasladarse a Roca para concurrir a las audiencias".

Y otra vez la espera. Hasta que a mediados de este mes el STJ resolvió las primeras casaciones, rechazándolas a todas con el mismo argumento: que "el dictado de la resolución cuestionada es propio del ámbito de las atribuciones de superintendencia del Superior Tribunal" y que "El STJ es responsable del gobierno, la administración y la prestación adecuada del servicio judicial y (por eso) la ley le otorga derechos y atribuciones que le permiten adoptar las medidas administrativas que así lo procuren, entre ellas, por caso, ampliar de modo transitorio la competencia territorial de determinado juzgado con el fin de lograr la mejor atención de un número general de expedientes por otros organismos del mismo fuero y de la misma Circunscripción Judicial".

De quedar firme ese precedente, las causas de Regina serán finalmente distribuidas a razón de casi 70 expedientes para cada juzgado de instrucción de Roca.

Hasta aquí, puede hablarse de meses de trámites, de cientos de kilos de papel, de decenas de horas/hombre y de un interesante debate técnico - jurídico; pero no puede hablarse, sin dudas, de que se haya cumplido con el objetivo de la Resolución de mayo de 2009, que era evitar más demoras en un juzgado que había colapsado de causas sin resolver.

Marcela Marín

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