Desde hace varios años se sospecha de una posible entrega de información respecto de la condición de terrenos baldíos con deuda o de propietarios foráneos que no residen en la ciudad, los que posteriormente son objeto de tomas y asentamientos.

La denuncia pública realizada semanas atrás por el presidente de la Junta Vecinal de El Frutillar, Rubén Llanquinao, quien apuntó a una supuesta nueva ocupación de una manzana en su barrio donde vinculaba a un empleado municipal, reavivó las sospechas por la filtración de información.

"Es evidente que sale la información de gente de la Municipalidad porque es raro que apunten siempre a los terrenos con deuda o de propietarios que no viven en Bariloche. Hay información filtrándose, no necesariamente del área de catastro", reconoció ante ADN el intendente Cascón, quien la semana pasada mantuvo un encuentro con vecinos del barrio El Frutillar preocupados por la sucesión de tomas.

El jefe comunal instruyó al Instituto Municipal de Vivienda y Tierra para el Hábitat Social a reunirse con el área de catastro para que se haga un informe de la situación particular del barrio El Frutillar, mientras que el titular del organismo Oscar Zamora también tiempo atrás puso en la mira la "entrega de datos precisos en manos de gente que aprovecha esta situación y ocupa".

Cascón reconoció que tiempo atrás no renovó dos contratos de personas que se desempeñaban en el área de Obras "porque los propios jefes de planta me pidieron por sospechar de que estaban vinculados con maniobras de este tipo", aunque no quiso dar nombres por tratarse sólo de un supuesto.

En el caso puntual del barrio El Frutillar donde en diciembre se comenzó a alambrar una manzana cuyos propietarios son "difíciles de ubicar" e inclusive uno de ellos es una persona de nacionalidad venezolana que no reside en el país, se iniciaron averiguaciones para determinar si se trata de una nueva ocupación de terrenos o el resguardo impulsado por los propietarios.

En caso de comprobarse que no se trata de una obra de alambrado de los propietarios legítimos, Cascón anticipó que los citará para que tomen conocimiento de lo sucedido y si no son ubicados, se analizará la "ejecución de deuda" en caso de tener deudas por tasas municipales por 5 años.

De este modo se iniciará una de las premisas anunciadas por esta gestión de sumar tierras al banco de tierras municipales con la ejecución de deudas.

En este tema el Municipio no puede impulsar una denuncia penal por tratarse de tierras privadas. Sin embargo, en el ámbito judicial existe una causa por una supuesta compleja maniobra de venta ilegal de terrenos que involucraría a personal municipal.

Esa investigación iniciada en 2008 por el juez de Instrucción, Martín Lozada, a raíz de un planteo de la procuradora general, Liliana Piccinini, quien recibió una denuncia por parte de la defensora del Pueblo, Ana Piccinini.

En su momento este medio informó que la causa que se investiga y por la cual ya se realizaron allanamientos en dependencias municipales y se retuvo información de los sistemas informáticos, se refiere a la posible existencia de personas, entre ellos algunos empleados municipales que "formarían parte de una asociación ilícita" por medio de la cual se procedería a individualizar los lotes con deuda de varios años ya sea por fallecimiento de los titulares o desaparición de la persona jurídica.

Luego de esa identificación con los propios registros de la Municipalidad, en una supuesta complicidad con terceros interesados en inmuebles se lograba captar posibles compradores de mala fe a valores llamativamente inferiores a los existentes en el mercado.(ADN)