Fue en 2006 cuando el gremio por intermedio de Sansuerro asumió su rol de intermediario en la operatoria inmobiliaria a través de su máximo responsable, Carlos Sansuerro. El terreno, ubicado en calle Cipolletti, Tres de Febrero, Irigoyen y 25 de Mayo, había pertenecido a la empresa Viarse cuyo directorio integraba el imputado, según la investigación de la fiscal Elsa Alasino que terminó con el procesamiento y la prisión de los dos dirigentes.

El convenio con el IPPV establecía que el organismo provincial se hacía cargo de las gestiones para construcción de viviendas mientras que el gremio se hacía cargo de las inscripciones y el controles.

Sansuerro en varias asambleas aclaró que las casas tenían como destinatarios a "la familia vial". Sin embargo para septiembre de 2005 la mayoría de los lotes ya estaban vendidos a particulares. La cara visible de la comercialización fue Carlos Iturburu a través de su sede ubicada en calle Rohde 781. Haciéndose de "ardides" -según la resolución judicial- vendieron 10 lotes, recaudando unos 60.000 pesos.

Entregaron recibos donde le sumaban frases del tipo: "El Sindicato de Trabajadores Viales gestionó y obtuvo... del IPPV un crédito", lo que le daba mayor credibilidad a la operatoria.

La mayoría de los adjudicatarios de las 20 Viviendas no cumplía con los requisitos.

Tal es el caso de Daniel Pascual, que según la investigación revestía la categoría de director de la Secretaría General de la Gobernación.

Su declaración jurada no tenía fecha, ni tampoco tenía el informe de la asistente social. Nunca se pudo constatar que viviera en la casa junto a su familia.

Otro casos emblemáticos fueron los de Juan Zarazabal que presentó un certificado de trabajo de una empresa Vera Valle SRL que decía la dirección pero no la localidad y un a certificación firmada por "P. Verani". Y el de Gustavo Fabbian que según el documento apenas tenía un año de residencia en la ciudad. Los dos eran cuidadores y jockey del haras Cabo Alarcón, propiedad del ex gobernador y actual senador Pablo Verani.

A ello se suma la desaparición de las carpetas de los inscriptos cuando se concretaron los allanamientos a la sede gremial, y la de los registros que indicaban el ingreso de esos fondos al sindicato. Todos los afiliados al gremio cumplían con holgura cada uno de los requisitos que se exigía.