La Presidenta dio orden de silencio ante las advertencias españolas; estudian cómo seguir
Por otro lado, altos funcionarios oficiales comenzaron a hablar de una salida mediante un acuerdo con la española Repsol y con Madrid mediante la discusión de una ampliación del capital accionario del Estado en la compañía, más acotado que una estatización, y a un precio consensuado.
La presión internacional de España y de la Unión Europea (UE) detuvieron los anuncios previstos para anteayer, admiten en la Casa Rosada. Además continúa trabada la negociación de Cristina Kirchner con las provincias petroleras, muchas de las cuales se pusieron firmes y exigen no ser despojadas de las futuras ganancias del negocio.
"Estas presiones son parte de aprestos finales para llegar a un acuerdo con Repsol. Es la voluntad del Gobierno", confió a LA NACION una alta fuente oficial. "Se negociará el precio de la empresa. Ellos quieren dinero. Si no hay acuerdo, se enviará al Congreso el proyecto de ley de estatización", agregó.
El Gobierno, no obstante, descuenta que, si no hay acuerdo, Repsol demandará a la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi). Por ese motivo, allí se habla ahora de "ampliación de capital accionario" del Estado en YPF -hoy poseé un 0,02%, que le permite tener un director- y no de "estatización". Se acotaría así el porcentaje estatal y se pondrían los montos en la negociación. Hay ministros que suponen que no se pretendería ya un 50,01% de YPF para el Estado, sino alrededor de un 30%.
Cristina Kirchner sintió el impacto de la advertencia del canciller español, José Manuel García Margallo, que tras convocar a consultas al embajador argentino Carlos Bettini, un gesto diplomático grave, amenazó con "una ruptura no sólo económica sino fraternal" entre ambos países.
RETROCEDER
Por eso, la Presidenta estaría más cerca de retroceder posiciones en su actitud estatizadora, pero sin ponerlo en evidencia. El objetivo es evitar demandas judiciales futuras y nuevos problemas diplomáticos. También se confirmó que "el 17% de las acciones en poder de inversores norteamericanos es intocable: no hay que abrir otro frente de conflicto".
¿Qué capital accionario se discutiría? La compra del Estado operaría sobre el 57% de Repsol y sobre el 25% del grupo Petersen (Eskenazi). "Todo está en discusión. Algo se va a hacer. ¿Qué? Todavía no se sabe, pero se va a discutir", confió un allegado a Cristina.
En el Gobierno suponen que Obama podría abordar hoy en la reunión con Cristina Kirchner la cuestión YPF, tanto por pedido de España, un país aliado, como por el interés concreto de accionistas norteamericanos que vieron desplomarse el papel de la petrolera en Nueva York.
Por eso Cristina Kirchner ordenó ayer silencio absoluto frente a las presiones del canciller García Margallo.
Otro motivo de la falta de respuesta de la Casa Rosada a la queja española reside en un cierto desdén oficial por las inversiones española: por la experiencia de Aerolíneas Argentinas con Marsans, los funcionarios dicen que esas inversiones nunca fueron rentables para la Argentina.
"Si ellos operan con la UE, Argentina lo hará con el Mercosur", señalan en Balcarce 50. "España tenía que sobreactuar para bancar a sus empresarios en medio de una crisis económica fuerte, pero con un gran desgaste político frente a Alemania, Italia y Francia, que no aceptan su ajuste", señaló otro funcionario de Cancillería.
En medio de ello, en el Gobierno confirmaron que las provincias petroleras exigen más participación en la nueva YPF y esa discusión está trabada. Buscan que el Estado no quede con todo el poder sobre las áreas de explotación, porque perderían regalías, y buscan aumentar los precios internos del crudo y del gas para sanear sus ingresos fiscales en crisis. También con esos gobernadores todo está en discusión.
Comentá la nota