Una serie de tres allanamientos exitosos dejó al descubierto una vez más el accionar delictivo que impera en la ciudad en lo referido al robo de automóviles, y que opera en relación con los desarmaderos, expertos en adulterar números de chasis, motores y cristales, tanto como en hacer desaparecer vehículos de los que en pocas horas no quedará ni la sombra.

Los hechos son resultado de detecciones realizadas en vuelos de helicóptero sobre las zonas en las que funcionan este tipo de emprendimientos clandestinos. De los datos obtenidos fue informada la fiscal María Daniela Ledesma, que autorizó la intervención de la Jefatura Distrital Sur.

Precisamente esta división, a través del Gabinete de Prevención Criminológico, junto con las comisarías 3ª, 5ª y 8ª, el personal de las seccionales 13ª y 11ª, más comisiones de oficiales de las comisarías 5ª, 8ª y 6ª, se reunieron con el jefe y el subjefe de la Distrital para el logro de este cometido. Se sumó además el control de AFIP e Inspección General de la Municipalidad. Como se ve, mucha gente, que por lo menos intervino -aunque sea provisoriamente- en sendos espacios supuestamente dedicados a la reparación de vehículos, que en realidad de ocupan del desarme y la comercialización de las autopartes resultantes del desguace de coches sustraídos en la ciudad y la zona.

Los sitios precisos allanados fueron los talleres de calle Magnasco al 320, Namuncurá 538 y Magnasco al 2756: en todos los casos el resultado fue el secuestro de numerosas autopartes, de automotores semidesguazados, la clausura, más la constatación de la violación al régimen impositivo vigente. En los dos últimos casos, además, se produjeron aprehensiones de los mecánicos que eran titulares de los comercios, acusados de ser responsables de las adulteraciones registradas: en ambos había coches con números de chasis adulterados.

¿Una acción aislada? Bastará seguir el curso de los hechos para comprobar cuáles son los alcances judiciales de las investigaciones, y verificar si es que se trata de un plan contundente que logre al menos atenuar el daño económico y social que el robo de automotores genera en la ciudad, ya maltratada por delitos de todo tipo.

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En el momento en que Juan Pablo Cafiero se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el allanamiento de desarmaderos no era un hecho aislado, sino que existió un plan integral que apuntaba a disminuir los índices de delitos contra el automotor de manera contundente. Por supuesto que, como siempre sucede en el país, el fin de una gestión significa también la aniquilación de sus acciones, sean estos errores o aciertos: por lo tanto, poco queda ya de aquellos desvelos, más que el recuerdo de los propietarios de coches.

Como resultado del retroceso, hoy hay -entre galpones, garajes, estacionamientos, talleres y casas usurpadas- más de mil desarmaderos en la ciudad. El año pasado se robaron 2.700 autos, un promedio de más de siete por día. Así que con muy poco esfuerzo, los investigadores llegaron a la conclusión de que Mar del Plata es la ciudad que abastece de autopartes robadas a todo el sudeste de Buenos Aires.

Se dice que, una vez que los coches son desarmados, las autopartes son trasladadas en autos y camiones habilitados por la ruta 88 y 226. En la autovía 2 también hay tráfico, pero algunas modificaciones en las leyes dieron resultados, y los autos ya no llegan al Conurbano.

Mar del Plata se convirtió en una ciudad de abastecimiento por la enorme cantidad de autos que hay, y también por la falta de controles para evitar los robos. Es muy fácil robar, y hay muchas maneras de no ser encontrado. Nunca es nunca, sobre todo si hay dinero suficiente para pagar los recursos de invisibilidad.

Según los informes, los modelos más buscados por los delincuentes para desarmar van del '86 hasta el 2001, y son los Fiat Duna y Uno, y los Volkswagen Gacel, Senda y Gol. Los eligen porque son fáciles de robar: las puertas las pueden forzar hasta con una hebilla de pelo y, una vez adentro, con un simple puente en el encendido ponen en marcha el auto.

En la zona de las comisarías 1ª y 2ª se roban 70 autos por mes, según las estadísticas judiciales. Esas son las zonas más peligrosas de la ciudad, aunque paradójicamente sean las áreas más urbanizadas, donde se destina la mayor cantidad de patrulleros. El dato que más preocupa es que los comisarios cambian, pero el delito no disminuye.

Otras zonas preferidas de los delincuentes para robar son las inmediaciones de la Universidad Nacional, ubicada en Funes entre San Lorenzo y Peña; la Facultad de Derecho -25 de Mayo e Hipólito Yrigoyen-, Fasta, la Terminal de Ómnibus y el Hospital Privado de la Comunidad. Gascón, Avellaneda, Rawson y Castelli son una rápida salida de la ciudad para los delincuentes, por lo que también esas calles tienen altos índices de robos. La zona de calle Santa Fe, desde Juan B Justo hasta Colón, es también de las más peligrosas.

En la Justicia afirman que el levantador y el desarmador de autos -los dos primeros eslabones de la cadena delictiva- operan en barrios alejados y son de bajos recursos. Sólo ellos, el dinero importante se encuentra en la venta y reventa. El barrio Regional y el Alfar son los dos lugares donde hay más cantidad de desarmaderos. Pero eso no es todo, no alcanza con un local que desprenda piezas de chapa.

Flojito de papeles

Es decir que el delito no puede florecer a sus anchas sin apoyo y complicidad desde los estamentos de control, ya sea la justicia o la misma policía. Por más que los fiscales insistan en pedir explicaciones a los comisarios de las zonas calientes sobre la bajísima eficacia de sus accionares, es evidente que la cadena de adulteraciones, falsificaciones y datos borrosos alcanza escritorios y oficinas.

Un ejemplo contundente fue la condena que recibió un funcionario encargado del Puesto de Verificación de Vehículos de Mar del Plata, sita en la intersección de las calles Laprida y Tucumán, cuando se comprobó que había firmado certificados de los llamados 012 -los que dan la certeza de que el coche es legítimo y sus numeraciones coinciden- a sabiendas de que los datos estaban adulterados.

Se trata de José Antonio Montes de Oca, quien en aquel momento era teniente primero de la policía de la provincia de Buenos Aires, y los hechos datan del 9 de septiembre de 2009.

Tres días después del trámite, dos oficiales de la policía se presentaron en el taller de chapa y pintura de 11 de Septiembre 4969, donde se encontraba un automóvil Volkswagen Gol patente FLI 093, cuyo número de chasis había sido -a simple vista- adulterado.

El propietario aparentaba ser Gustavo Esteban Iglesias, quien sin embargo no pudo presentar a la policía los papeles que corroboraban la titularidad, por lo que fueron remitidos –auto y dueño- a la Unidad Fiscal de Instrucción para su correspondiente investigación.

Una vez allí ser realizaron las pericias de rigor, tanto mecánicas como metaloquímicas, y se constató que habían sido adulterados en número de chasis, de carrocería, el grabado de los cristales de las cifras de la patente, y también los stickers VIS, que presentan las últimas cifras del número de chasis. Debajo de estos podía verse aun el número original.

La duda surgió cuando la mujer que decía ser pareja de Iglesias se presentó en la unidad portando el correspondiente certificado 012 de la verificación, que se había labrado aquel 9 de septiembre. Estaba firmado por Montes de Oca.

La investigación permitió saber que los trámites habían sido realizados sin turno, y en un horario en el cual el funcionario no se encontraba cumpliendo su turno de trabajo en la planta. Por lo tanto, la jueza Jorgelina Camadro pudo dar por sentado que se encontraba realizando una tarea “especial”: alguien que llevaba 20 años en su cargo, y que realizaba unas 150 verificaciones al día no puede haber obviado una adulteración tan evidente que fue a simple vista identificada por dos oficiales de policía que no tenían ninguna formación específica al respecto.

Los propietarios de la cochera donde el auto había estado guardado declararon que lo habían visto a Iglesias traer el Gol -volcado y a medio reparar- a bordo de una grúa plancha, porque tenía ruedas pero no funcionaba. Pero que un mes más tarde, no saben quien, le retiró esa carrocería.

Por esa razón, Iglesias ya había sido condenado por la jueza Ana María Fernández, del Juzgado Correccional nº 2, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras habérsele comprobado este y dos hechos más de encubrimiento agravado y falsedad ideológica.

Ahora cayó el principal cómplice dentro de las fuerzas de seguridad, quien firmaba los papeles de legitimación. Montes de Oca fue condenado a dos años y medio de prisión de cumplimiento condicional por encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por más que se hubiera escudado en el argumento infantil de decir que él había verificado el coche original, y que el proceso de adulteración había sido posterior.

Abrir la prensa del día es encontrar un desarmadero allanado, sí. Uno tras otro, sí. Pero se sabe que no es suficiente. Que a todo el mundo le suena a que “se cayó un arreglo”. Porque barrer el eslabón más débil no corta la cadena, sólo le cambia de lugar el broche.

Para que no se roben más vehículos, primero deberán dejar de existir los potenciales compradores de autos robados “flojitos de papeles” y a precios irrisorios. Sí. Pero también es necesario que un mecanismo de control ciudadano tenga más entidad que el que nos brinda el franelita: hoy por hoy, única esperanza de que el auto esté allí cuando uno termina de cenar en un restorán.