La usurpación de las dos manzanas ubicadas entre las calles 34 y 36 y 148 y 149, que comenzó el sábado pasado y crece con nuevas casillas todos los días, moviliza a un gran número de vecinos de la zona que lleva una semana viviendo en un clima de tensión y violencia, sin mandar los chicos al jardín de infantes y en medio de saqueos y amenazas. Mientras que la gente de la Asamblea San Carlos busca apurar el desalojo de las tierras con tratativas en la Casa de Gobierno, unas 200 personas “autoconvocadas” protestaron ayer frente a la sede de las fiscalías, en 7 entre 56 y 57, y cortaron el tránsito en el sentido descendente de la avenida.

En rigor, más que terrenos ocupados de manera ilegal la situación se asemeja a la de un barrio tomado. Según vienen denunciando los vecinos, desde que desembarcaron las familias en esas dos hectáreas, en la zona “no se puede vivir en paz”. Y es que se vienen dando hechos delictivos que intimidan a la gente. “Sobre todo a la noche -aseguran-, que es cuando empiezan los desmanes”

A LA ESPERA DEL DESALOJO

Aunque la propietaria de los terrenos, la firma Inmuebles Plaza S.A., ya obtuvo la medida cautelar del juzgado de Garantías Nº 6, la orden de desalojo está supeditada a la respuesta de un oficio librado por el juez Fernando Mateos al ministerio de Desarrollo Social para que la cartera provincial intervenga y dé solución al problema habitacional de los intrusos una vez que las parcelas sean desocupadas.

“Estamos tratando de hacer gestiones por todos lados, porque ya no damos más; es imposible vivir en un barrio en el que por una ocupación de tierras las familias establecidas se ven obligadas a mudarse por el miedo que generan los usurpadores, que hasta nos hacen pagar peaje para poder llegar a nuestras casas”, dijo uno de los integrantes de la Asamblea San Carlos.

En tanto, los vecinos “autoconvocados” se presentaron en la sede de la UFI 3, cuyo titular es Marcelo Martini. Mientras que la mayor parte del grupo cortó la avenida 7, una delegación que los representó se reunió con funcionarios de esa fiscalía. “La persona que nos atendió nos informó que el desalojo ya está decidido, pero que el juez le dio 24 horas al ministerio de Desarrollo Social para que conteste si puede intervenir cuando se despeje el terreno porque esa gente no va atener dónde ir. Esperamos que ese trámite no se demore, porque si no el lunes vamos a volver a instalarnos acá para exigir que se tomen las medidas necesarias”, planteó una de las vecinas que padece la violenta irrupción de los ocupantes de las dos hectáreas de San Carlos. “Mi hija no está yendo al jardín de infantes de 149 y 35, porque por prevención suspendió las clases el martes y no volvió a abrir”, añadió la mujer.

Según indicó el abogado que patrocina a la empresa dueña de los lotes, “se dictó la medida cautelar que solicitamos, pero se espera el cumplimiento de Desarrollo Social para el reubicamiento de la gente que ocupó las tierras”.

Frente a la situación que frena el desalojo, el letrado remarcó que “nadie está teniendo en cuenta como víctimas a los particulares damnificados, a los que les destruyeron una casa y un quincho que había en el terreno y que ahora quedan nada más que las paredes, ni a los cientos de vecinos del lugar, que están viviendo con terror, sin salir de sus casas porque se las saquean, o mudándose a la casa de familiares para no correr riesgos”.