El ministro de Seguridad, Carlos Aranda afirmó que la segunda etapa del proceso licitatorio para la adquisición de unas 250 videocámaras de seguridad que funcionarán en la Ciudad no será suspendido, pese a la denuncia radicada por la diputada provincial Patricia Gutiérrez, de Unidad Popular, y que analiza la Justicia.

Del mismo modo, Aranda negó rotundamente la existencia de irregularidades en el trámite de licitación y dijo que desde el Ministerio se cumplió con lo establecido en la Ley de Emergencia en Seguridad.

En cuanto a la relación de Arlik SA con la empresa Supercanal, perteneciente al multimedio Uno, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, aseveró que se trata de dos personas jurídicas distintas y que Arlik SA es un proveedor del Estado y no tiene deudas con el fisco.

LAS ACUSACIONES. De acuerdo con el expediente que la diputada Gutiérrez le remitió a la Justicia y que recayó en manos de el fiscal especial Santiago Garay, la situación más irregular del proceso se relaciona con el hecho de que Arlink SA es una empresa pantalla utilizada por Supercanal SA para acceder a la licitación de las videocámaras, de la que esta última se vio impedida de participar por deberle a la AFIP unos 40 millones de pesos.

En cuanto a esto, el ministro de Seguridad –vocero elegido por el Ejecutivo para hablar del tema– aseguró que son dos empresas distintas.

“Arlink SA y Supercanal SA son dos personas jurídicas distintas, y Arlink SA es proveedora del Estado y no tiene deuda alguna con el fisco. La contratamos porque fue la empresa con mayor nivel técnico a la hora de cumplimentar los requerimientos y, además, la más barata, ya que pedía 5 millones menos que el oferente que le seguía”, detalló Aranda.

Según informaron fuentes del ministerio, los valores manejados en la licitación por unas 126 videocámaras, de las cuales a junio sólo se habían instalado 51, ascendían a 8 millones de pesos –oferta hecha por Arlink SA– 13 millones de pesos, –oferta hecha por Patagonia Green– y ya el próximo oferente saltaba a los 37 millones de pesos.

Otra acusación que pesa sobre el proceso es la curiosa participación de una firma, la Crofton Company NV, que figura en los balances de Arlink SA como controladora de esta última y con 68% de participación accionaria cuyo domicilio legal está en Antillas Holandesas –reconocido paraíso fiscal, judicial y financiero–, según detalla la denunciante, junto a Crofton en este buzón postal figuran siete empresas más.

“Esto no es cierto y será la Justicia la que lo demuestre”, enfatizó Aranda.

EL PASO FUGAZ POR FISCALÍA. Otro detalle sobre el que advierte la denunciante se relaciona con el paso fugaz que el expediente tuvo por la Fiscalía de Estado, ya que ingresó y salió de la oficina de Joaquín de Rosas (por entonces fiscal subrogante) el mismo día.

El Sol intentó comunicarse con De Rosas para escuchar su versión de los hechos, pero esto no fue posible.

LA EXTORSIÓN Y EL ACCESO. A nivel político, otro interrogante sobre el que trabaja Gutiérrez tiene que ver con las acusaciones que el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, realizó en el recinto de la Legislatura hacia el empresario Daniel Vila y Multimedio Uno, acusándolo de ser un grupo extorsionador que no permitía el avance de “una Mendoza diferente” y la entrega al mismo grupo de un servicio tan sensible como el de las videocámaras.

Desde el Ministerio de Seguridad aclararon que Arlink SA es una empresa prestadora de servicios pero que de ninguna manera puede tener acceso a la información transmitida por estas unidades.

“Sólo dos personas tienen acceso a la información de las cámaras: el ministro de Seguridad y el Gobernador. El personal de Arlink SA sólo tiene acceso a la información durante el poco tiempo que demora la instalación de la cámara en el lugar, nada más, y, en esos minutos que dura la instalación, los operarios no están sólos, están con personal de CEO, es decir, personal policial especializado. Es una barbaridad pensar que un privado va a manejar la seguridad por prestar un servicio”, indicó molesta una alta fuente ministerial.

Del mismo modo, consultado al respecto, Cazabán comunicó a través del jefe de Prensa de la gobernación, Pablo Catánea, su negativa a opinar sobre el tema, indicando que el encargado de las explicaciones en este tema sería Aranda.

LA LEY DE EMERGENCIA. Si bien para Patricia Gutiérrez es correcta la aseveración del ministro acerca del paraguas legal otorgado por la Ley de Emergencia en Seguridad, sostuvo que esta norma no lo habilitaba como titular de la Dirección de Planeamiento –cargo que tenía cuando se concretó la licitación– para incumplir otras leyes.

“A Ciurca le puede tocar una responsabilidad política en el tema, pero el responsable mayor es Aranda porque él firmo los pliegos licitatorios y era su obligación observar los detalles, como la firma de todas las hojas de los pliegos y no sólo de una parte, como la constitución de la empresa que se presenta y los tiempos previstos para la entrega del sistema que nunca se cumplió”, indicó Gutiérrez.

“Yo tengo más

Para la denunciante, la diputada provincial Patricia Gutiérrez, el Gobierno debió haberse percatado de algunos detalles dudosos en la presentación de Arlink. “Arlink denuncia un capital total de 1 millón de pesos y unos 30 mil pesos en bienes de uso, como computadoras y elementos, además, sólo cuenta con dos empleados, al final tengo más plata yo en mi casa en bienes de uso que una empresa que presta un servicio de esta magnitud, no se entiende pero, curiosamente, a nadie le llamó la atención”, afirmó la legisladora. La integrante de Unidad Popular, añadió que no está poniendo en tela de juicio las bondades del sistema, sino el proceso mediante el cual se accedió a la prestación. “No hace falta que, en la desesperación de combatir el delito, el ministro cometa otro” finalizó Gutiérrez.

Créditos para que los estacioneros las instalen

El reclamo de los estacioneros se hace sentir, pero ninguna firma quería afrontar el costo de adquirir las cámaras para garantizar la seguridad que deberán ser monitoreadas por el ministerio. Por esto ayer se decidió en reunión de gabinete que para las mismas se pueda utilizar una línea del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTYC). Si bien no se conocieron mayores detalles de las condiciones, se espera que sean las mismas que para otros créditos que hoy da ese organismo estatal. La idea fue consensuada con la Asociación Mendocina de Estacioneros y Afines, y no se necesitará ninguna licitación, porque serán los privados quienes deban adquirirlas, mientras que el Estado sólo se hará cargo de la operatividad y de la conectividad. Así lo anunció el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, tras la reunión de gabinete de ayer, que se desarrolló durante más de cuatro horas en el cuarto piso de la Casa de Gobierno.