Si consideramos sólo estos casos, el juecismo constituyó en el Senado una verdadera Pyme en la que la responsabilidad de pagar sueldos no es de quien otorga los cargos. El hombre no sólo gusta de los nombramientos masivos en dependencias públicas, sino que lo hace con una particular visión de los Recursos Humanos. Son verdaderos clásicos juecistas la contratación en bloque de los integrantes de su equipo de fútbol en la Municipalidad, las designaciones en planta permanente de hijos y familiares de los sindicalistas del Suoem -sin otro requisito que el ADN en común- y los más de 10.000 empleados que quedaron tras su mandato.

Dentro de este modelo de acumulación laboral juecista (una rémora semántica de su pasada militancia K) surge el caso de Fabio “la Mole” Moli. Promediando la gestión de Juez, el mediático pugilista fue contratado para difundir el boxeo entre los sectores más desfavorecidos. Tras la asunción de Giacomino, Moli continuó integrando la nómina salarial del municipio hasta ayer, momento en el cual las circunstancias lo obligaron a renunciar. Ocurre que su fama ha trascendido -merced a las dotes de prestidigitador de Marcelo Tinelli- más allá de las fronteras de Córdoba para instalarse en el firmamento nacional, desde donde le llueven ofertas en el mundo de la farándula. Pese a viajar constantemente a la Capital Federal, el boxeador continuaba percibiendo su sueldo municipal, hasta que quedó en evidencia la incompatibilidad ética. Por las dudas, Juez se atajó: “En mi gestión esto no lo podría haber hecho, cobrar y no laburar”.

Concédasele el beneficio de aceptar tal certeza en el caso de Moli, pero, al revisar la nómina de sus empleados en el Senado, debe advertirse que semejante sentencia no tiene coherencia alguna. Por ejemplo, menciónese que Gustavo Balladore (asesor de Juez - Legajo 20179), es también dependiente Gama, una conocida desarrollista inmobiliaria con importantes negocios en la ciudad, en tanto que José D’Antona (también asesor - Legajo 20189), es un abogado penalista que trabaja como defensor del camarista Luis Rueda o del fiscal General Darío Vezzaro, entre otros clientes. De la misma manera, el cura Nicolás Alessio tiene una doble ocupación: es asesor en el Congreso a la vez que sacerdote; en su caso, la relación con Juez está “tercerizada”, dado que integra la nómina de la diputada Susana Mazzarela.

Otro ejemplo, es el del ex concejal Armando Mario Fernández (también asesor - Legajo 20190) que durante el mandato de Juez como intendente debió dejar su banca por haber cobrado simultáneamente como edil y beneficiario de un Plan Trabajar. Indulgente, Juez lo volvió a proteger y le otorgó un lugar en su entorno a pesar de las insistentes promesas de transparencia.

En estos ejemplos, es evidente que la relación laboral con el senador es, necesariamente, part time. En el caso de Alessio, su contratación se encuentra incluso prohibida por el Derecho Canónico, algo de lo que tiene que dar explicaciones el sacerdote. Por lo tanto, el argumento de Juez contra Giacomino respecto a que él sí sabe hacer trabajar a la gente se vuelve en su contra. ¿Cómo suponer que Moli no trabaja porque se la pasa todo el tiempo en Buenos Aires y que estos tres asesores legislativos sí lo hacen, pese a que no podrían estar mucho tiempo en el Senado dadas sus ocupaciones privadas?

Las respuestas, como siempre, hablan del permanente doble estándar de la nueva política. Al líder del fin del choreo le encanta hablar de la ética, la corrupción y de transparencia, pero muchos de sus actos (especialmente en el campo laboral) no parecen estar del todo alineados con tan altos conceptos. Precisamente el abogado D’Antona, miembro del elenco estable juecista y asesor senatorial, fue uno de los que colaboraron activamente en el fiasco de la Cigeka. Hábiles para denunciar, parecen bastante torpes en su propia conducta pública: para ellos es posible cobrar de varios lados sin ponerse colorados. Como siempre, son los otros los que deben dar explicaciones.