Hoy Mendoza será protagonista de las sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizan en Santiago de Chile.

Allí estarán exponiendo algunos reconocidos organismos y abogados sobre la situación en las cárceles mendocinas. Del otro lado estarán el ministro de Gobierno mendocino, Dalmiro Garay, y el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Además, será de la partida el director de Enlace y Asuntos Penitenciarios local, Ignacio Mulet.

En la delegación de los acusadores del estado de las penitenciarías están algunos nombres que han ocupado espacio mediático en los últimos tiempos, como representantes de Xumek y el abogado Carlos Varela Alvarez.

La asociación y el letrado en soledad presentaron sendos hábeas corpus ante la Suprema Corte mendocina, uno desató un duro enfrentamiento entre Alfredo Cornejo y el máximo tribunal, el otro significó el retorno a las buenas relaciones entre el Gobernador y el Tribunal.

Xumek acusó la situación de los presos en prisión preventiva sin intervención de un juez de garantías y Varela Alvarez denunció las condiciones de alojamiento de los detenidos. Hoy en Chile el tema a tratar referido a Mendoza ronda en torno a las mismas cuestiones penitenciarias.

La cita en Chile en principio no aparece como un problema para Mendoza, aunque se encienden las alarmas puesto que ya ha habido condenas de la CIDH contra nuestra provincia, la última de mayo de 2013 por haber sentenciado a menores a penas de prisión perpetua.

Garay y Garavano llevarán una respuesta institucional que se terminó de cocinar en las últimos dias: el fallo de la Suprema Corte dado a conocer el lunes que resuelve la presentación de Varela Alvarez y la ley sancionada sobre prisiones preventivas sancionada la semana pasada, para ordenar el trámite judicial incompleto que denuncia Xumek.

El paquete para responder a la andanada de los organismos de derechos humanos está completo, al menos es lo que entienden en el Gobierno. 

Se trata de mostrar interés en resolver los problemas carcelarios y de darle importancia a la Comisión; la importancia está dada por la presencia de un ministro local y uno nacional. El interés es que a las denuncias se responde con leyes y sentencias jurídicas; después se verá si se cumplen las promesas realizadas o si los remedios propuestos son cuestionados por inconstitucionalidad.

Con el correr de los días va quedando claro que el Gobierno fue armando ese paquete para llegar a la CIDH y evitar un proceso internacional que no pesará sobre Mendoza, sino sobre la Argentina.

La de hoy es una “audiencia temática”, no “de caso”, por eso no se temen consecuencias. Pero cabe recordar que la última sentencia de la CIDH de 2013 fue una presentación que se inició entre 2001 y 2003, por lo que hace falta llevar respuestas y en el Gobierno entienden que las llevan.

La sucesión de los tiempos parece confirmar la hipótesis de que el gobierno de Cornejo tuvo algunos contactos conciliatorios con la Suprema Corte para clausurar el enfrentamiento de diciembre pasado, cuando el máximo tribunal sentenció en el hábeas corpus de Xumek. Ése fallo encendió las alarmas porque el Ejecutivo entendía que esa decisión dejaría a peligrosos delincuentes en la calle.

Esta semana, la Corte le puso el moño al paquete que llevará el Gobierno de Mendoza al 158 período de sesiones extraordinarias del CIDH. En la sentencia sobre el hábeas corpus de Varela Alvarez, se aprobó el plan de mejoras carcelarias que presentó el Gobierno; ese fue el indicador claro de que hubo contactos que nadie admite publicamente.

El paquete que lleva el Gobierno incluye un plan de mejoras por 120 millones de pesos para obras en distintas cárceles de Mendoza, la construcción de un nuevo penal en la zona de Cacheuta y la ley que regula el trámite para las prisiones preventivas. 

Un detalle: la construcción del nuevo penal requiere de la autorización legislativa para tomar un crédito de entre 80 y 90 millones de dólares y la Corte actuó en consecuencia aldedicarle un párrafo a la Legislatura en el que pide el tratamiento expedito a todas las iniciativas incluidas en el plan de mejoras propuesto.

En ningún lado dice que se aprueben los proyectos, porque cualquiera podría decir que es una intromisión del Poder Judicial en el Legislativo; pero también podría decirse que un plan aprobado por la Corte en un fallo, al menos debería generar cierta benevolencia opositora.

Víctima de la dictadura, al frente de Derechos Humanos 

Un día antes de la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Alfredo Cornejo presentó a la que será su nueva directora de Derechos Humanos, Luz Amanda Faingold.

Nadie puede dudar de sus pergaminos en el tema: fue detenida y torturada en la última dictadura cuando apenas tenía 17 años, en 1975, exiliada en Francia y querellante de los ex camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano. Pero la nueva directora aún no asume, lo hará el 1 de agosto, puesto que tiene previsto un viaje personal desde hace tiempo. 

La tardía designación de Faingold había sido un motivo de disputa con los organismos de derechos humanos locales, particularmente los que participan de la mesa de conducción del Espacio de la Memoria provincial, el ex D2 (lugar donde estuvo detenida Faingold).

A principios de mayo, el Gobierno había decidido encargar transitoriamente el Espacio de la Memoria al subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y eso había desatado una crisis con los organismos, incluso algunos decidieron irse por lo que consideraban un ninguneo gubernamental.

Faingold y Cornejo ayer manifestaron su voluntad de mantener buenas relaciones con los organismos, pero de paso ambos, y particularmente el Gobernador, plantearon una concepción de los derechos humanos más amplia que la vinculada a las víctimas de violencia por parte del Estado.

“La dependencia contará con una agenda amplia en interrelación con el resto de los servicios del Estado”, decía Cornejo, incluyendo en la tarea de la Dirección la vigilancia en lo que hace a la calidad de servicios del Estado para la ciudadanía. 

Faingold venía cumpliendo tareas en derechos humanos en la Municipalidad de la Capital. Ayer decía que esperaba combatir los “bolsones de tortura” en algunas comisarías y “darles una visión de derechos humanos a todas los servicios sociales y educativos”.