La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) dio a conocer mediante un comunicado emitido este viernes su disgusto "ante el peligroso avance de dos proyectos" que a su criterio perjudican la actividad productiva.

Uno de los proyectos apunta a establecer una nueva oblea para el transporte de granos, mientras que el otro tiene como objetivo modificar el Estatuto del Peón Rural. La entidad denuncia que fueron elaborados "de manera unilateral sin previa consulta con las entidades sectoriales involucradas".

Ambos proyectos serían impulsados desde el Poder Ejecutivo y de no encontrar modificaciones antes de su aprobación podrían originar un nuevo cese de comercialización, explica el documento. La ex titular de la Sociedad Rural local, Norma Urruty, expuso su negativa a modificar el sistema de obleas debido que introduce "nuevas trabas" a la comercialización de cereales. Mientras que se mostró en desacuerdo con los cambios propuestos para el Estatuto del Peón Rural.

Según Carbap, el primero de los proyectos "obligaría a incorporar una onerosa oblea, de un costo aproximado de 50 pesos en cada carta de porte para el transporte de granos. Lo recaudado, que podría llegar a los 100 millones de dólares por año, se destinaría a financiar las actividades de la fundación Ivetra". Este proyecto ya cuenta con la aprobación de la AFIP y de la Secretaría de Transporte y "contradice los anuncios realizados hace sólo un año desde la Presidencia de la Nación, afirmando la creación de una nueva carta de porte gratuita y segura", indica el documento.

Al respecto, Norma Urruty -que el 29 de julio aspira a conseguir la vicepresidencia segunda de Carbap- manifestó que "con la nueva oblea le seguimos agregando cosas y trámites" a la comercialización de granos. "La situación se complica cuando se va a descargar el camión en el puerto, una equivocación en el formulario significa una mayor espera del camión hasta que se corrija el error o también puede pasar que se caiga el sistema de computación", con lo cual la espera es aún mayor.

El documento de Carbap establece que por esta razón "el Gobierno le quitó la emisión y distribución de estos documentos a la Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores de Cereales que los realizaban con seguridad inviolable y a un precio 10 veces inferior al de las nuevas obleas".

La ruralista reveló que la modificación apunta a lograr un mayor control para evitar evasión de impuestos y agregó que "el sistema anterior funcionaba bárbaro, pero ahora además de los costos el trámite es engorroso, no te podés mover de al lado de la computadora y el sistema no siempre está operativo. Si es por controlar las transacciones la AFIP podría instrumentar otra manera, con inspectores, de auditorías o a través de la declaración jurada".

Por otra parte, el texto de Carbap denuncia que los cambios en el Estatuto del Peón Rural, "sin discusión ni debate previo, no tienen otra finalidad que desfinanciar y deslegitimar a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) intentando castigar a su secretario general, Gerónimo Venegas, por la posición que ha asumido en el actual contexto político".

Urruty declaró que dicho proyecto es "analizado en Diputados, por la comisión de Asuntos Agrarios" y reveló que "este martes a las 9 nos reuniremos con Venegas en la sede de Carbap y veremos cuáles son los procedimientos a seguir". En este caso aún existen expectativas de lograr cambios favorables en el Poder Legislativo.

En síntesis, la entidad cree que "estas actitudes arbitrarias e irresponsables de premiar y castigar a entidades sindicales alineadas y no alineadas, modificando estructuras jurídicas y tributarias nacionales, sin el previo debate con los sectores involucrados y de manera unilateral, ponen una vez más en peligro la seguridad jurídica, hecho que perjudica enormemente a las instituciones y a la propia república".

Por ese motivo aclara que se intentará "realizar las gestiones parlamentarias necesarias para rever dichos proyectos, y en la medida que estos avancen unilateralmente en el Congreso evalúa un cese de comercialización".

La actual secretaria de la entidad que representa a productores bonaerenses y pampeanos opinó que "se dijo que la oblea la iban a comprar los transportistas pero siempre sabemos que todos estos cambios los termina pagando el productor. Son otro inconveniente más".