Al mismo tiempo, a la administración le llegó una visita inesperada: varios escándalos por corrupción estallaron en los últimos días por decisión de otros jueces.Son las dos caras de la Justicia, que advierten sobre el arribo de un tiempo en que los jueces oscilarán entre la vieja lealtad (o el temor) y la ruptura con los quegobiernan. Las dos salas que se expidieron a favor del Gobierno pertenecen al fuero Contencioso Administrativo, el más influenciado por el operador kirchnerista Javier Fernández. Este Fernández tiene un hermano, Sergio, entre los camaristas firmantes de la primera sentencia de ayer sobre las reservas. Las dos salas dejaron sin efecto las medidas cautelares de la jueza Claudia Rodríguez Vidal (que prohibieron al Gobierno usar las reservas sin autorización del Congreso) argumentado "defectos procesales".

El Congreso está metido en un berenjenal, es cierto, en el trámite para convalidar -o no- el último DNU de Cristina Kirchner para hacerse de las reservas. Pero lo está tratando. De hecho, existe una decisión de la Cámara de Diputados que invalidó esos decretos. Comenzó por hacerlo con el de diciembre, que ya estaba derogado por la Presidenta, pero subrayó que la misma nulidad le cabía a todas las normas subsiguientes.

Un dictamen reciente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados firmado por la mayoría declaró, además, nulo de nulidad absoluta el nuevo decreto de necesidad y urgencia, el mismo que la Justicia confirmó ayer. La Cámara de Diputados está habilitada para tratar esa nulidad en su reunión plenaria de la próxima semana.

¿Necesitaban los dos tribunales apurarse para darle la buena nueva al Gobierno? ¿Por qué les abrieron a los Kirchner tan rápidamente las bóvedas del Banco Central? ¿No debieron aguardar unos días más a la espera de una resolución del Parlamento? ¿No fue ése el criterio de la primera jueza que trató el tema, María José Sarmiento, y el de la Cámara que en enero rechazó la apelación del Gobierno? Lo único bueno de las resoluciones de ayer es que se respaldaron en "defectos procesales" y no entraron en el fondo de la cuestión.

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Javier Fernández puede hacer algunas cosas, pero no puede hacer todas las cosas. El fuero federal penal parece habérsele ido de las manos. Los jueces Norberto Oyarbide y Sergio Torres pusieron en días recientes, en el primer lugar del escenario, el tema más detestado por los Kirchner: los innumerables casos de presunta corrupción que manchan la administración kirchnerista.

El progresismo y la izquierda le han perdonado muchas cosas al matrimonio gobernante (en nombre de ideas, de recuerdos y de relatos referidos a un tiempo que fue), pero les es muy difícil comprender la corrupción de muchos funcionarios kirchneristas. Néstor Kirchner lo sabe mejor que nadie.

Oyarbide había dado pruebas de lealtad al oficialismo cuando le pareció normal un patrimonio presidencial absolutamente inexplicable. Pero ahora se metió con la fortuna de Ricardo Jaime, que puede ser una patada al hormiguero. Jaime tiene una treintena de causas y fue el funcionario kirchnerista que más recursos del Estado distribuyó a empresas de servicios de transporte.

Miles de millones de pesos fueron a parar a manos de empresarios mientras eran cada vez peores los servicios de aviones, de trenes y hasta de colectivos. La Justicia investiga también si esos mismos empresarios beneficiarios de la generosidad de Jaime le pagaron a éste viajes de placer y el alquiler de aviones para desplazamientos privados.

Con todo, la investigación más grave de la Justicia podría suceder cuando comience a tirar de la soga para comprobar hasta dónde llegaba la cadena de complicidades entre los empresarios y el Gobierno. Es decir: si Jaime actuaba sólo por la suyas o si era el puente hacia niveles más altos de la administración.

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La noticia de que Aerolíneas Argentinas pierde un millón de dólares por día es ya un despropósito imposible de adjetivar. Sólo el 5% de la población argentina usa el transporte aéreo. Una minoría muy reducida es beneficiaria de semejante despilfarro de fondos. Pero lo peor sucedería si se confirmara que, encima, la compañía pagó sobreprecios para comprar aviones. Nadie, en ninguna parte del mundo, paga sobreprecios a cambio de nada. El juez Torres tendría ya documentación demoledora para varios funcionarios. Otra vez: ¿se trata nada más que de la corrupción de funcionarios menores?

Otras cosas se mueven también. El abogado Ricardo Monner Sans admitió que lo sorprendió que ningún juez archivara ninguna de las muchas causas de corrupción que presentó en los últimos tiempos. Están abiertas investigaciones, por ejemplo, por los vínculos comerciales entre Aerolíneas y el hotel de los Kirchner en El Calafate. O las indagaciones sobre las sospechosas compras de papel y de autos por parte del ministro de Economía, Amado Boudou.

Hace pocos días, la jueza María Servini de Cubría le envió a Cristina Kirchner un reclamo de explicaciones: ¿qué quiso decir cuando habló de que había jueces que tarifaban sus sentencias? ¿A quiénes se refirió? Con esas preguntas, la magistrada hizo suyo un reclamo del fiscal Federico Delgado en una causa iniciada también por Monner Sans, en la que denunció a la Presidenta por presunto encubrimiento.

Servini decidió también no archivar otra causa contra Cristina Kirchner por violación de la ley electoral, que le prohíbe al Gobierno inaugurar obras públicas en vísperas electorales. En este caso, otro fiscal pidió el sobreseimiento de la Presidenta en la única causa donde las pruebas se conseguirían con sólo recurrir a las crónicas y a las fotos de los diarios de la época.

Un sector de la Justicia resolvió no soltarle la mano a los gobernantes en la cuestión política más enrevesada, alborotada e inútil que haya sucedido (cómo y quiénes manejan las reservas). Otra parcela judicial está hurgando en escándalos de corrupción: éstos sí marcarán la agenda política más allá del tiempo en que a los Kirchner les toque mandar.