Después de varios amagues, ya es oficial: finalmente los usuarios mendocinos de energía eléctrica que consumen más de 300 kw bimestrales, recibirán su próxima factura con un 5,5% de incremento promedio, que excluye a quienes están debajo de ese nivel de demanda.

Llevado al importe final significa que más de la mitad de los consumidores en la provincia, unos 287 mil domicilios, deberán desembolsar hasta $ 33 más según el caso desde este mes.

Para ser más precisos, el decreto 1.539/12 firmado por el gobernador Pérez el lunes y publicado ayer, avala un 4% de ajuste para quienes consumen hasta 600 kw. El importe final significa pagar $ 3,80 por encima de lo pagado hasta ahora, según cálculos del EPRE.

Para el resto, unos 2 de cada 10 usuarios que superan ese umbral, las facturas se encarecen 5%, esto es, unos $ 33 más. Los únicos que no pagarán subas pertenecen a la franja de hasta 300 kw/hora por bimestre, 3 de cada 10 usuarios quienes sí podrían estar incluidos en un próximo ajuste previsto para fin de año o principios de 2013.

En el resto de los segmentos de consumo, la actualización de la tarifa trepa hasta 6,7%, como es el caso del riego agrícola, cuyas 8.262 cuentas asumen a partir de ahora una suba equivalente a $ 175, mientras que Grandes Demandas (YPF, bancos y casinos, entre otros), recibirán facturas 6,5% más elevadas, unos $ 800 en promedio. Aunque el alza ronda los $ 100, el porcentaje para Comercios e Industrias no supera el 6%.

En el marco de una modificación profunda que incluye mayor control estatal sobre la rentabilidad de las distribuidoras eléctricas como ya intenta la Nación sobre Edenor y Edesur en Buenos Aires, en los planes del Ejecutivo mendocino está prorrogar la revisión integral, inicialmente prevista para mediados de 2013, entre 6 meses y un año.

Con ese plan, no se descarta otro “retoque” entre fin de año y comienzos de 2013, que pueda incluir al segmento de hasta 300 kw. “Hay convenios de colaboración firmados con la UTN, UNC, y la Universidad de Mendoza para el estudio de costos operativos y hemos profundizado las auditorías”, explicó Elián Japaz, titular del EPRE.

Déficit financiero

El 12 de agosto, el ente regulador elevó al ministro Baldasso un análisis sobre el “Flujo de Fondos Proyectados para las Distribuidoras” de Mendoza, elaborado por la Gerencia de Administración y Auditoría y Gerencia Técnica de la Regulación. En él consigna un déficit financiero del nivel de ingresos “necesarios y suficientes para financiar las erogaciones regulatorias, derivadas de la prestación del servicio concesionado”.

En los considerandos del decreto se habla de la necesidad de medidas “urgentes” para oxigenar el flujo de caja de las empresas y asegurar la sustentabilidad del sistema eléctrico.

Sin embargo, entre los empresarios, que después de 3 años sin ajustes desde hacía meses esperaban que Pérez firmara el ansiado decreto, la noticia tampoco generó muestras de júbilo.

“Hay poco para decir. No sé qué parámetros se usaron para considerar la situación financiera, pero no es el porcentaje que refleja el incremento de los costos en todo este tiempo. De todos modos es positivo que se reconozca la situación de las empresas”, consideró el gerente de Edemsa, Neil Bleasdale.

Al ponderar el impacto del 5,5% promedio, desde el Ente admiten que se trata de un “ajuste menor en relación a los índices que refieren al comportamiento de las variables macroeconómicas y a los ingresos y egresos del sistema”.

Japaz pondera los problemas que las empresas, endeudadas con Cammesa y los bancos, tienen para lograr financiamiento operativo.

De ahí que el Gobierno quiere apurar la audiencia pública para definir otra adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) con lo que las distribuidoras solventan la compra de energía en el mercado mayorista.

A audiencia pública

En un término no mayor a 45 días, el Epre deberá convocar a usuarios, asociaciones de consumidores y empresas, para tratar, como primer punto, un nuevo procedimiento de reajuste del VAD.

La última vez que coincidió con una suba de tarifa fue en 2009. Ahora, el tope máximo es de 9%, y el propósito es “actualizarlo trimestral o cuatrimestralmente en un 3% por vez”, adelanta Japaz.

Pero no será lo único en el orden del día de la audiencia. Otro objetivo es reestructurar la tarifa social y someter a discusión un anteproyecto de ley para constituir un fondo de obras de infraestructura eléctrica provincial.