Respecto de este último punto, el gobernador señala “la necesidad de regularizar la situación de las emisoras que actualmente viven situaciones de licenciatarios con licencias vencidas o con conflictos gremiales o societarios que impiden el funcionamiento adecuado”, dice la información difundida ayer desde Casa de Gobierno.

Por otra parte, señala la necesidad de mejorar la infraestructura del actual edificio donde funciona el organismo. El gobernador destaca que es “absolutamente insuficiente para resolver las demandas operativas”. Además, explica que la nueva infraestructura edilicia implica tecnología informática, sistemas de control y fiscalización, recursos humanos calificados para el cumplimiento del marco regulatorio y calidad en la gestión con metas de gobernabilidad.

Identificar licenciatarios

Plantea además el desarrollo del convenio con la Administración Federal de Ingresos Públicos para identificación de licenciatarios de emisoras de AM, FM, operadores de cable, TV abierta y otros servicios regulados por ley.

“La principal misión de este convenio es tener perfectamente identificados a los licenciatarios y percibir el canon e impuestos por la actividad a los efectos de exterminar la informalidad”, asegura el mandatario en el documento elaborado.

Para promover la fiscalización de la ley 26522 en cada jurisdicción provincial, propone el desarrollo de convenios con universidades nacionales. Se apunta a fiscalizar espacios publicitarios, contenidos locales, publicidad no tradicional y control cruzado con la recaudación de AFIP y el censo del organismo.

El gobernador asegura que la fiscalización permitirá mejorar la recaudación, garantizar el control eficaz de la ley, además de combatir la informalidad de licenciatarios. Al respecto destacó que existe un convenio marco con la Universidad del Chaco Austral para fiscalizar a las provincias de Formosa, el Chaco, Misiones y Corrientes.

Contenidos locales

Plantea además trabajar en estrategias para propender a la integración y financiamiento de centros de producción regional de contenidos audiovisuales. Respecto de esto explica que estos parámetros de la ley no se cumplen y existen muchas emisoras que solamente reproducen señales de otras jurisdicciones, principalmente Capital Federal.

Capitanich señaló que se debe avanzar en el desarrollo de un sistema de medición de rating con el objetivo de establecer los parámetros para el financiamiento de las emisoras, principalmente de TV abierta. Señala además que existen otros medios complementarios de facturación vía internet que no se controlan ni registran. Menciona que tampoco existe control alguno en paquetes de películas que abren a publicidades locales o internacionales sin contribución local. “Todas estas fuentes de financiamiento deben verificarse, regularse y controlarse”, asevera el mandatario provincial.

La TV paga

El gobernador plantea la necesidad de desarrollar un marco regulatorio apropiado para Direct TV y el cumplimiento de las metas correspondientes del 35% de abonados para fijar un límite restrictivo.

“El desarrollo de una matriz que permita establecer objetivamente el modelo más apto para la regulación del 35% de los abonados de cable. Esto implica definir una segmentación por circunscripciones, por distrito único, por jurisdicción o por segmentación acotada en cada jurisdicción (límite de capital de provincia e interior)”, dice el informe oficial.

Propone también establecer un plazo máximo para el primer semestre del año entrante para el encuadramiento de las licencias de radios AM, FM, cables y TV abierta. Esto significa concursos abiertos, cerrados, con fines de lucro, sin fines de lucro en el marco del Plan Técnico de Frecuencias autorizado. Esto significará que todos los licenciatarios estén regularmente encuadrados, que tengan a sus empleados formales o regulares, que posean equipos debidamente homologados, que paguen canon e impuestos y contribuciones a la seguridad social y tasas municipales, que sus empleados (locutores, operadores, productores) tengan título habilitante.

Por último, señala la necesidad de establecer un plan operativo para identificar los grupos que no se hallan encuadrados en los alcances de la ley 26522 para dar estricto cumplimiento al artículo 161, “lo que debe inexorablemente cumplirse en el marco de la desinversión para tenedores de licencias que resultan incompatibles con lo prescripto por la normativa vigente‘.

Respecto de esto destaca que sería adecuado que cada uno de los directores del organismo cuente con la información desagregada de cada grupo que supera el número de licencias admitidas por la ley, además de empleados, facturación, programación, certificación de cumplimiento fiscal y previsional y plan de encuadramiento normativo.