“Primero con el tratamiento de los residuos patológicos, luego con un desarrollo del marco para el tratamiento de residuos peligrosos, también con el proceso de unificar 16 leyes ambientales en un código ambiental y en el tratamiento de residuos sólidos urbanos, ley recientemente sancionada en proceso de verificación para propiciar su promulgación”, destacó.

“Es muy importante el proceso de ejecución de 10 plantas de residuos sólidos para 31 municipios. Acabamos de suscribir una nota con la Nación, para incorporarnos en los proyectos que podrían obtener con financiamiento externo, propuesta que se abaraja para el área metropolitana, que necesita cerca de 40 millones de pesos de inversión”, sostuvo.

“Las 10 primeras plantas que hablábamos requirieron 13 millones de pesos en inversión. Si podemos cumplir lo proyectado podremos lograr resultados muy positivos, esto es asistir a 31 municipios antes de fin de año y al resto del universo de comunas en 2014, es un avance auspicioso porque permitiría extinguir los basurales a cielo abierto”, relató.

“En general el tratamiento de los residuos compete a los gobiernos locales porque forman parte de sus autonomías, aunque el Estado provincial se inmiscuyó en esta problemática por el impacto ambiental negativo y la inacción de las comunas por distintas razones”, subrayó.

En tanto, el ministro de Planificación, Raúl Codutti, aclaró que “la norma de residuos sólidos es un marco regulatorio para que los municipios presenten a la provincia un plan, en 180 días, sobre el tratamiento de residuos sólidos, se busca acelerar el proceso de solución a un problema serio”.

Ley de Biocidas

Al comienzo de la conferencia del gobernador se refirió a la promulgación sin reservas de la Ley de Biocidas que cosechó fuertes críticas y un pedido de varias organizaciones para que la vete en forma parcial.

“El artículo 26 de la ley establece las distancias mínimas para pulverización: 1.500 metros para las aéreas y 500 para las terrestres. El artículo 27 fijó una potestad del Ejecutivo para poder reducir estas distancias y el 28 para ampliarlas”, explicó sobre el pedido que recibió para evitar la entrada en vigencia de estos artículos.

“Entendemos que esta ley es un avance cualitativo desde el punto de vista del marco regulatorio para la aplicación de biocidas y a su vez expresa en el artículo 19 la prohibición de productos de alta toxicidad o banda roja”, comentó.

“Generaremos las condiciones para la reglamentación de la norma con la participación de todos los actores y naturalmente pretendemos convocar a todas las entidades representativas y defensoras del medio ambiente”, expresó.

“Estamos en el proceso de constitución del Consejo del Ambiente y queremos generar los mecanismos de consenso general pero también de equilibrio entre las posiciones extremas: prohibir todas las aplicaciones de biocidas o admitir todas las aplicaciones”, relató.

“Nosotros entendemos que el rol del Estado es compatibilizar la sustentabilidad ambiental con la productiva. Ahora tenemos que avaluar desde los vientos hasta la metodología de aplicación para la reglamentación. Por eso establecerá una ronda de consultas y un modelo para la reglamentación a los efectos de garantizar la posición de todos los sectores”, dijo.

“Dos cuestiones eran modulares en el debate de la Ley de Biocidas, el primero quién era el organismo de aplicación, es el Ministerio de Planificación, una cuestión que no admite objeciones. El otro punto era las distancias que también están establecidas con la facultad de reducirlas o ampliarlas”, determinó.

Por su parte, Codutti comentó que ayer “tuvimos una reunión con diputados que estaban en contra de la norma y con organizaciones ambientales. Asumimos el compromiso de trabajar en la reglamentación para que el decreto salga por consenso. También es importante la obligatoriedad de aplicar los manuales de buenas prácticas agrícolas en las zonas periurbanas que es la más conflictiva en cuanto a la deriva de agroquímicos”.