A su vez, la municipalidad tampoco tendrá la facultad de exigirle a los casinos que se reubiquen fuera del centro. Solo AJALaR puede regular la actividad del juego en nuestra provincia.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió la admisión de la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la empresa Casino Club S. A., contra lo dispuesto en diferentes artículos de la ordenanza municipal 4844 / 11, que disponen la reubicación de los locales de apuestas y juegos de azar y fija una restricción horaria en el funcionamiento de las salas de azar.

Los artículos mencionados y cuestionados en la ordenanza son el 1, a-5, 67, 73, 74, 90, punto 2, 127, correlativos y concordantes, los que estarían violando derechos adquiridos y garantías previstas en la Constitución Provincial, además de garantías y derechos establecidos en la Constitución Nacional.

Por lo que el máximo órgano de justicia de la provincia dispuso también la prohibición al municipio capitalino en la aplicación de la mencionada ordenanza hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.

AJALaR es la autoridad de aplicación

Fuentes judiciales destacaron que esta situación no es nueva, ya que en el 2005 se vivió algo similar, con una ordenanza que establecía una restricción horaria en el funcionamiento de las salas de juego de azar, que finalmente se declaró inconstitucional, ya que la autoridad de aplicación es AJALaR. De todos modos señalaron que “hay algunas cuestiones que no terminan de cerrar, como el hecho que la ordenanza estuvo promulgada ya en el mes de octubre y recién ahora se intenta aplicar”.

Las mismas fuentes dicen que “esta inquietud municipal se suma convenientemente a lo que plantea el Obispo Roberto Rodríguez, sobre los problemas de ludopatía, los que no se van a resolver por una cuestión de horarios ni de lugares de funcionamiento de las salas. Es una cuestión de fondo, que necesita de otro tipo de políticas y acciones”.

Antecedentes

Ya en el año 2005, la firma Video Drome S.A., interpuso una Acción de Inconstitucionalidad, impugnando los artículos 1 (inciso g) y 96 de la ordenanza municipal Nº 3765, de fecha 4 de enero de 2005 y promulgada por el intendente municipal el 7 de enero de ese año, que establecía una restricción horaria para el funcionamiento de las salas de los juegos de azar.

La empresa alegó tener en vigencia un contrato de concesión para instalar y explotar máquinas de juegos de azar en toda la provincia, firmado con la Administración General de Juegos de Azar de la Provincia (AJALaR), marco en el cual se realizaron inversiones y se solicitó incluso la habilitación municipal, sin restricciones horarias.

En aquel entonces, en su fallo, los jueces del Superior Tribunal de Justicia, alegaron que está claro que la competencia de los juegos de azar corresponde al Estado provincial, que el municipio solo podía regular la materia cuando ella no pertenezca a la provincia y que en última instancia el ámbito de regulación quedaba circunscripto a normas de higiene, seguridad y salubridad, por lo que no tiene el municipio facultades para regular el horario de funcionamiento de estas salas, por lo que la ordenanza cuestionada era decididamente inconstitucional.

Además, esa ordenanza vulneraba los derechos constitucionales de propiedad, de trabajar y ejercer toda industria lícita, la libertad de comercio e industria, la garantía nominada de razonabilidad, el principio de supremacía constitucional y el principio de irretroactividad de la ley.

También en ese entonces se destacó que AJALaR era “la autoridad de aplicación de la legislación provincial que alude a la materia y que dicho organismo tiene como finalidad específica el mejoramiento económico y social de la provincia y sus habitantes, contribuir con obras de asistencia social, mediante la regulación, explotación, autorización y prohibición de todo juego de azar en la jurisdicción provincial y ello incluye la disposición horaria y otros atributos”.

Dos ex intendentes, contra los casinos y la justicia

Los ex intendentes Mario Santander y Luis María Agost Carreño manifestaron este miercoles su total acuerdo con el control de los límites horarios a los casinos que funcionan en la ciudad y se mostraron preocupados por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que dejó en suspenso la ordenanza 4844/11.

Santander opinó que “los casinos no pueden estar abiertos durante todo el día, sino por el contrario deberían permanecer cerrados por más tiempo”.

“La ludopatía existe en nuestra sociedad y es cierto que está llevando a jugar de manera compulsiva a los sectores más vulnerables de la sociedad y ante esto es necesario poner límite, por que llevan al desorden de las familias”, señaló Santander.

Al mismo tiempo consideró que “en una provincia como La Rioja no pueden existir tantas salas habilitadas y menos haber dos en frente de la plaza principal”.

También remarcó que “nosotros los riojanos somos muy pobres y el que gana en el juego es siempre el poderoso”, por lo que estimó que “lo mejor sería cerrarlas o dejar una sola para el entretenimiento o para el turismo”.

Santander dijo que coincide con las palabras del Obispo Rodríguez que el martes criticó la instalación de las máquinas tragamonedas en las salas por la ansiedad que producen en el jugador y destacó que “lamentablemente la pobreza es tan grande como la esperanza de transformar 100 pesos en 200, lo que aumenta el riesgo de que el problema vaya creciendo si se desestiman los límites”.

Por su parte, Agost Carreño señaló que observa “con dolor que la Justicia privilegia la actividad del juego en lugar de proteger a los jóvenes y a los trabajadores que en definitiva son los destinatarios de este mensaje”.

“Hay que decir que el juego genera más pobreza, por que son los pobres, los que necesitan, los que mas juegan y en esto lamento que la Justicia , con esta decisión que tomó el TSJ, no haya impuesto los valores que tenía que poner de relevancia”, señaló el ex intendente.

Asimismo dijo que “la sociedad toda debe ser consciente y acompañar estas medidas que se están tomando desde el municipio para frenar este fenómeno social que genera muchos problemas en las familias, que luego repercuten en la sociedad” y criticó las habilitaciones que “se otorgan con la excusa de que aportan un caudal importante de recursos a la Seguridad Social , por que en definitiva terminan empobreciendo a la sociedad”.

“La Justicia tiene que ser el eje moral que rige a una sociedad y si se inclina por una medida de esta naturaleza no se si lo esté haciendo”, declaró Agost Carreño que también apoyó los controles instaurados por la ordenanza de nocturnidad y espectáculos públicos.