El argumento oficial es que adhirieron al paro del SUOEM, a pesar que no podían. Son los primeros y podrían haber más.
La posibilidad de ordenar bajas fue anunciada el martes por el secretario de Gobierno del municipio, Ricardo Pintos. Fue una especie de preaviso a los 200 pasantes que, según la administración del intendente Marcelo Lima, venían haciendo paro indebidamente.
El funcionario explicó ayer que los 18 involucrados fueron detectados en un relevamiento que hizo el municipio en algunas áreas para determinar quién trabaja y quién no. Todos estaban afectados al sector de servicios municipales. Es decir, tenían que trabajar en la recolección de residuos y la limpieza de la ciudad, las dos tareas que más se han visto resentidas desde que empezó el conflicto salarial con el SUOEM, el lunes de la semana pasada.
Aunque la idea de avanzar con este tipo de sanciones se tomó el mismo día que la Subsecretaría de Trabajo calificó la huelga del SUOEM como ilegal, desde el punto de vista jurídico, el municipio no se resguardó en esa medida. En sus argumentos, se amparó en que los pasantes no forman parte del personal estable, no pertenecen a un gremio y en consecuencia, no pueden dejar de cumplir sus tareas por sumarse a un paro, sea legal o no.
No se conoce que un intendente haya despedido a pasantes por adherir a una medida de fuerza. Sí hay antecedentes, en Capital específicamente, de beneficiarios que fueron desplazados porque se descubrió que no iban a trabajar nunca y que sólo pasaban a cobrar.
En este caso, en términos políticos, las bajas responden a una fuerte decisión de Lima de usar todas las herramientas legales que tiene a mano para contrarrestar los efectos de la huelga. La decisión oficial fue tomando fuerza con el correr de los días y el recrudecimiento del conflicto. La relación entre el municipio está más tirante que nunca, el paro entra hoy en su décimo segundo día consecutivo y los servicios se prestan a medias para descontento de los vecinos.
El SUOEM, que reclama que se implemente la escala salarial que fija el Convenio Colectivo de Trabajo y que los pasantes sean pasados a planta permanente, reaccionó ayer a través de su secretario Adjunto, Eneldo Franco. El dirigente insistió en que el gremio "no está de paro", aseguró que los servicios no son eficientes porque sólo hay "150 empleados para limpieza", que la protesta es a "contraturno" y que no afecta; y responsabilizó a la gestión de Lima de que el municipio sea "una anarquía" desde hace dos años.
Para no perder aún más capacidad operativa, el municipio echó mano a una base de datos que tiene de gente que se anotó para trabajar y nombró a 18 pasantes nuevos para compensar los despidos. Según Pintos, "las bajas van a continuar si seguimos encontrando becarios que hagan quite de colaboración o paro y los vamos a reemplazar con el mismo mecanismo".

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