“Si ella no hubiera tenido la conducta que tuvo, no hubiera tenido problemas” dijo sobre los actos de funcionario que atacó en la justicia. Según Ruiz, de esa “conducta” surgió “un hecho dañoso hacia la empresa” NEC, por lo que debe “ser el juez quien deba resolver si ella ha delinquido o no, y en el expediente Civil se tendrá que resolver y obligar al Estado provincia a pagar lo que le debe a NEC Argentina”.

Para Ruiz, el “origen” de la denuncia penal, fue que “Bañuelos falseó, en un informe, la verdad de lo que le preguntaba. Ella contestó diciendo una mentira. Mintió”, refirió en duros términos, para agregar que “si ella no hubiera mentido, si no hubiera tenido una conducta, que no es la que corresponde a la de un funcionario de la jerarquía que ella tenía en ese momento, no estaría en esta situación que está hoy”.

Sin pelos en la lengua, señaló que “ella creyó que estaba súper amparada, que era súper poderosa, lo que es fruto de la soberbia que tiene esta mujer”.

Sobre el conflicto que originó la demanda judicial, Ruiz explicó que “si el Poder Ejecutivo no firmó el Decreto homologando (el pago que NEC reclamaba), es porque ella decía que lo que NEC reclamaba, estaba mal; cuando en realidad, lo que NEC reclamaba estaba bien y ella miente. En el informe que hace, miente”. Es por ello que “lo que nosotros atacamos (judicialmente) un informe de ella, donde se produce el delito de falsedad ideológica, en materia penal; y por otro lado (en lo Civil) le reclamamos al Estado lo que nos debe”.

Sobre el ida y vuelta que tuvo el expediente judicial, que fue enviado a archivo por la juez de primera instancia, Mirtha Esley, tras lo cual “el Agente Fiscal, apela. La Fiscal de Cámara (por Diana Bernal), primero dice que ella no coincide y la Cámara le llama la atención, y le dice que la obligación de ella es sostener lo que dice el Agente Fiscal”.

Es allí donde la Cámara del Crimen Nº 1, ordena que se fije un juez subrogante y que llame a indagatoria a Bañuelos, lo que es duramente atacado por Carlos Salomón, representante legal de la ex rectora de la ULP, señalando en un escrito que la Cámara se había “extralimitado en sus facultades”.

Sobre esto, Ruiz sostiene que “yo creo que las facultades, las tiene; y la otra parte ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y veremos cómo se resuelve”, pero además afirma que “si lo resolvió así, debe ser porque tiene facultades”, aduciendo que no es una integración “sin experiencia”, sino de “una Cámara que tiene una experiencia de un montón de años”.

Finalmente, criticó duramente la “trayectoria” de Bañuelos en la ULP y sostuvo que, constitucionalmente, “los funcionarios públicos tienen la obligación de vindicarse”, tras lo que se preguntó “¿Por qué no se vindicó? ¿Por qué no quiere ir a declarar?” y más teniendo en cuenta que, de acuerdo al nuevo Código de rito, “la indagatoria no implica procesamiento”.