el querellante, señor Cantos solicitó el auto de imputación, se llame a prestar declaración indagatoria y ordene la inmediata detención de los acusados.

Para ello se acreditan razones de hecho y de derecho, y en su condición de “querellante particular” solicitó se califique a los delitos como de “lesa humanidad”, conforme a la naturaleza de los mismos y la participación del “aparato represivo” provincial integrado por autoridades del Gobierno de esa época y las complicidad del Poder Judicial con motivaciones económicas, tendientes a despojar a la familia Cantos de sus bienes.

Responsabilidad penal

Las personas involucradas y a las que se solicita el formal pedido de dictado de auto de imputación, llamado a indagatoria e inmediata detención de los acusados con responsabilidad penal son Musa Azar, William Otrera, Luis María Juan José Peña, el mayor Werfil Herrera, Luis María Cantizano y demás acusados.

En el escrito presentado y en base a los testimonios se desprende “con total claridad el obrar de grupos de tareas, encabezado por Musa Azar bajo los dictados del poder político y de la configuración de delitos en contra de José María Cantos, de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, extorsión y asociación ilícita, “quedando perfectamente determinado que los procedimientos eran llevados a cabo por el grupo de tareas, ordenado por Jensen primero, y luego por Juárez, con la complicidad de Peña. Y la permanencia de Cantos en distintos lugares de detención como comisarías, la SIDE, Jefatura de Policía y la Unidad Penitenciaria local.

Fundamentos

En mayo del corriente año, Cantos formuló denuncia penal en contra de las autoridades de la intervención federal período 1970-1973, de las personas antes mencionadas, del ex interventor federal, Carlos Jensen Viano; el ministro de Gobierno, José Luis Cantizano; Werfil Herrera, en su carácter de ex jefe de la Policía provincial durante el gobierno de la dictadura militar, y Carlos A. Juárez, ex gobernador de la Provincia, en el período 73-76; William Otrera, ex ministro de Economía de Jensen Viano y Luis María Juan José Peña, ex director de Rentas de la Provincia y demás actores que constan en la denuncia impetrada en la oportunidad.

En esa época, Cantos era titular de 12 empresas en la provincia dedicadas a la comercialización de automotores, así como también de una empresa vial (Marta Inés) con obras no sólo en Santiago del Estero, sino en Catamarca y Tucumán.

Otras empresas

También era el principal accionista de LV11 “Radiodifusora Santiago del Estero” y del Nuevo Banco de esta provincia, así como también propietario de importantes inmuebles en los que se debe destacar un campo de 12 mil hectáreas ubicadas en el departamento Moreno, una casa ubicada en avenida Belgrano 555, destinada a vivienda familiar como también de otras propiedades no menos importantes.

Es a partir de 1970, más precisamente en marzo, que estando como interventor Jensen Viano es que desde el poder político se desata en contra de Cantos una persecución tendiente a despojarlo de todos sus bienes, usando para ello el aparato represivo policial y judicial, siendo el modus operandi, siempre el mismo, el allanamiento de las empresas por parte del ex director de Rentas, Luis María Juan José Peña, quien sin razón secuestraba todas las documentaciones de las mismas, a los efectos de dejarlas indefensas para que luego sean rematadas, como también fue rematada su casa y el campo, a precios viles en procesos viciados en virtud de que los mismos se llevaban a cabo en rebeldía, ya que paralelamente a estos procedimientos administrativos de Rentas, se inventaban procesos penales para librar contra Cantos órdenes de detención y, posteriormente, era sobreseído o directamente sin orden judicial se lo detenía, de 3 días a una semana para que no pueda ejercer su derecho a la defensa, llegando el punto de estar amenazado de muerte, por lo que durante meses y mientras duró la persecución debió ausentarse de la provincia y, prácticamente, vivir escondido para no engrosar lo que hoy se conoce como la lista de desaparecidos del aparato represivo.

Prácticas consecutivas

Estas prácticas que nacieron en los 70 con Jensen Viano, como interventor del gobierno de facto, continuaron con el gobernador Carlos Juárez y con Peña como director de Rentas y la aparición pública del represor santiagueño Musa Azar, como jefe de Informaciones de la Policía y, más tarde, encargado de la SIDE.

En la provincia era evidente la “continuidad política Jensen Viano-Juárez los que no sólo fueron socios económicos, sino políticos, a partir de un acuerdo entre el flamante gobernador y la Democracia Cristiana (a la cual pertenecía Jensen Viano) y el Partido Justicialista, comandado por Juárez.

Todo ello significó avasallamientos a los ciudadanos, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, etc. que la Justifica Federal de la Provincia las tiene registradas en el Grupo 1 de las causas de Derechos Humanos que continuaron en contra de Cantos, aún caído el régimen de Juárez el 24 de marzo de 1976, ya que Musa Azar continuó al mando de la represión en la provincia hasta el advenimiento de la democracia en el año 1983, designó nuevamente como interventor federal, en el período 80-83 a Jensen Viano.

Y como hecho paradójico, se menciona que estos grupos de poder perduraron tanto en el tiempo que recién fueron desalojados cuando se intervino la provincia el 1 de abril de 2004, cuando ejercía el gobierno Mercedes Marina Aragonés de Juárez, esposa de Carlos Juárez.

Durante ese tiempo, Musa Azar había estado a cargo de la Secretaría de Informaciones Públicas. Debe ser único caso del país, en el que el aparato represor estuvo tantos años en vigencia, comenzando en el año 1970 y finalizando en 2004 con los mismos personajes y las mismas prácticas.

Y a partir de la intervención federal dispuesta a la provincia por el ex presidente Néstor Kirchner, solamente así fue posible que se comenzara a sustanciar en la provincia las causas por las múltiples violaciones a los derechos humanos, rompiendo con un manto de impunidad y silencio de más de 40 años, causas que se investigan en los grupos I, ilícitos cometidos antes del 24 de marzo de 1976, grupos 2, 3 y 4, ilícitos cometidos con posterioridad a esa fecha.