El subsecretario de Pesca de la Nación, Norberto Yauhar, reconoció, por primera vez en lo que va del año, el estado preocupante de la merluza común. Como consecuencia, el Consejo Federal Pesquero (CFP) deberá decidir, el jueves, las medidas a adoptar para evitar el colapso de la principal pesquería nacional.

En caso de ocurrir, podría generarse un grave impacto ambiental, afectar a más de 20 mil trabajadores y al 40% de las exportaciones de pescado del país.

"Desde la Fundación Vida Silvestre Argentina presentamos propuestas que consideramos elementales para evitar el colapso e impulsar una política pesquera que garantice peces, pesca y pescadores para siempre. Esperamos que estas y otras medidas sean consideradas en la próxima reunión del Consejo Federal Pesquero, ya que la situación es crítica", alertó Guillermo Cañete, Coordinador del Programa Marino de Vida Silvestre.

Un nuevo informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) señala que la cantidad de juveniles de merluza descendió un 69% en 2009, con respecto al año anterior.

Para el año en curso, al menos dos medidas resultaron alarmantes por atentar contra la recuperación del recurso. Específicamente, Vida Silvestre objetó que se dispusieran capturas de 290 mil toneladas para 2010, un 30% superiores a las recomendadas.

Y, por otro lado, cuestionó la continuidad de la medida por la cual se suspendió el uso del dispositivo de selectividad aplicado en redes de pesca de merluza (DEJUPA), que evitaba la captura innecesaria de juveniles. La próxima semana, se cumplirá con el plazo de la última prórroga, totalizando más de 450 días sin protección de juveniles, y sin ninguna solución superadora hasta el momento.

Concretamente, la Fundación Vida Silvestre Argentina, con el apoyo de más de 10 organizaciones de la sociedad civil que integran el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, emitió un comunicado en el que considera una serie de medidas necesarias para avanzar en forma sólida y sostenible en la recuperación del principal recurso pesquero nacional:

-Reducir en un 30% de las capturas permitidas para 2010.

-Implementar inmediatamente los controles necesarios para garantizar la utilización efectiva de dispositivos de selectividad.

-Establecer un mecanismo de revisión de pares, por parte de expertos, de la información científica generada por el INIDEP y de su estrategia de investigación para orientarla bajo el enfoque ecosistémico, en tanto constituye la base científica de las decisiones políticas de la autoridad de aplicación.

-Avanzar en la implementación de un sistema integrado de monitoreo y control pesquero que incluya la mejor tecnología disponible, el tratamiento de la información generada y el proceso de toma de decisiones, de acuerdo a las recomendaciones de la FAO.

-Garantizar el libre acceso a la información pública ambiental, para demostrar resultados tangibles y verificables de las medidas implementadas.