Por otro lado, se avanza en la regulación de la actividad minera, lo que reemplazaría a la Ley 5001, que prohíbe hoy la actividad extractiva con uso de cianuro a cielo abierto.

“La actividad minera puede constituirse en un motor que traccione la generación de riqueza en todo el territorio nacional, ya sea asistiendo al mercado interno, sustituyendo importaciones cuanto incrementando la generación de divisas por su participación en las exportaciones”, dice uno de los fundamentos del acuerdo suscripto por las provincias reunidas en la flamante Organización Federal de Estados Mineros.

Entre los objetivos promovidos en el articulado del acuerdo, se destaca el de “promover la adecuación de la normativa minera a las nuevas tecnologías de exploración y producción, y el afianzamiento del desarrollo sostenible de la actividad minera”.

Se apunta además a “Impulsar políticas tendientes a obtener licencia social para el desarrollo de la actividad minera”. Y “establecer mecanismos que permitan una mejor comunicación de la actividad minera”.

Ayer el interventor de Petrominera, Oscar Crettini, dijo que uno de los mecanismos para incrementar la renta directa es la aplicación del canon sobre el valor de venta, en lugar del valor boca de mina. “Esto posibilitaría pasar del 3 al 6 por ciento”, indicó el funcionario, al tiempo que habló también de la renta indirecta que se genera por el pago de impuestos y la contratación de servicios e insumos locales, de los cuales aseguró que “es prácticamente entre 60 y 70 por ciento”.

En el acuerdo se habla además de obtener la “licencia social”, algo que en la provincia del Chubut tiene reparos desde diversas organizaciones ambientales y sociales que vienen marcando su oposición a la actividad minera.

“No buscamos convencer, sino dialogar en busca de un consenso, con participación orgánica de todos los actores sociales que corresponda intervenir –dijo Crettini-. Esto tiene que ver con las comunidades directamente involucradas como las indirectas, donde se ubican las prestadoras de servicios. Todos estos actores, más los del ámbito social y ambiental, son los que deben tener participación en ese diálogo”.

Voces en contra

Además de las organizaciones ambientales, hay quienes plantean reparos al armado jurídico que todavía rige en el país, como consecuencia del modelo de incentivos a la minería creado en 1993 y que ofrece desgravaciones impositivas y exenciones para atraer inversiones, sostenidas además por el artículo 270 del actual Código de Minería. En ese marco, el cuestionamiento que se efectúa desde algunos sectores está ligado a que el sistema legal vigente “devuelve a las mineras lo que invierten”, al tiempo que se rechaza el argumento de las contrataciones locales de insumos y servicios. En esa línea, se asegura que el mayor nivel de equipamientos para la minería es importado.

Desde esa perspectiva, se cuestiona también la asociación entre la empresa estatal provincial con las operadoras mineras, lo que impediría un mayor control sobre la actividad por parte del propio Estado.

Otro de los temas a discutir está vinculado al uso del agua, ya que en el modelo de asociación se incluye los recursos acuíferos, los cuales requieren de un relevamiento propio del Estado. Según se informó oficialmente desde el gobierno, es el Instituto Provincial del Agua el que realizará un relevamiento total de los acuíferos someros y profundos en las zonas afectadas por la actividad minera, al que los estudios de las empresas se sumarán como elemento adicional.