Los profesionales del Derecho del Foro Rafaela no se mostraron demasiado interesados en insertarse en las nuevas estructuras que se crearán en el marco de la Reforma de la Justicia Penal, una iniciativa que está en plena ejecución pero que se estrenará a partir del año judicial 2011. Así se desprende de la información difundida por el Gobierno provincial -a través del Boletín Oficial- en el que prácticamente no figuran abogados que actualmente se desempeñen en la ciudad, aunque sí algunos que han ejercido la profesión en períodos anteriores.

"No existen demasiados profesionales especializados en derecho penal en la ciudad, y más allá de los que trabajan en el tema, parece que no es un área de interés. El listado de inscripciones así lo refleja, lamentablemente", señaló un experimentado abogado local consultado por este Diario.

En la Resolución N° 0019 de la Presidencia del Sistema de Postulantes a cargo del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal se aceptaron las 32 solicitudes de inscripción para cubrir los distintos cargos que sustentarán el funcionamiento de la nueva estructura de la Justicia Penal de Santa Fe -ver cuadro-. Se trata de los cargos de Fiscal General y Fiscales Regionales de las cinco Circunscripciones, así como las correspondientes a Defensor Provincial y Defensor Regional también de las cinco Circunscripciones.

Las convocatorias se activaron en agosto pasado y en la mayoría de los casos hubo al menos cuatro postulantes, el número mínimo para viabilizar los concursos, aunque el Ministerio de Justicia debió ampliar el plazo para dos cargos puntuales -ver "Extendieron..."-. La selección de postulantes se efectuará mediante el tradicional sistema por concursos públicos de oposición y antecedentes.

Entre los candidatos a la Fiscalía General, un puesto que requiere de un cierto perfil político, se encuentra el especialista en Derecho Penal, Julio de Olazábal, quien tiene una amplia trayectoria y además participó en la comisión redactora del anteproyecto del Código Procesal Penal para la Provincia, que fue posteriormente aprobado mediante la ley 12.734.

En tanto, el rosarino Angel Baltuzzi se inscribió, entre otros concursos, para presidir la Defensoría Provincial. Se trata de un hombre del justicialismo que fue titular de la Empresa Provincial de la Energía, entre 1997 y 1999, año en el que asumió al frente del Ministerio de Gobierno durante el Gobierno de Carlos Reutemann.

Posteriormente fue Diputado de la Nación (2001/2005 begin_of_the_skype_highlighting 2001/2005 end_of_the_skype_highlighting) y luego compartió, junto a de Olazábal, la comisión reformadora del Código Procesal Penal santafesino. Asimismo, en estos días refleja su identidad política sin rodeos ya que en su sitio web admite estar alineado con el denominado Peronismo Federal.

SUPERTI Y SUS PRIORIDADES

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, expresó el martes pasado que "el Gobierno provincial tiene entre sus prioridades la transformación de los sistemas judiciales, para lo cual, si bien se necesitan fondos, lo determinante son las ideas y la decisión política". Estas declaraciones se producen luego de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez, solicitara mayor presupuesto para el Poder Judicial.

Para Superti indicó "las partidas presupuestarias para el sistema judicial se ubican no sólo en el presupuesto asignado a dicho Poder, sino también en el del propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en cuanto a la reforma procesal penal; en el de Obras Públicas, en lo que hace a la construcción del nuevo Centro de Justicia Penal de Rosario; y en el de Economía, en cuanto al pago del importante crédito con el Banco Mundial para la informatización del poder Judicial".

"En cuanto a la justicia penal, el presupuesto de la reforma para este año está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la mayor parte a la espera de que se designen los cargos directivos de la nueva Fiscalía y de la nueva Defensa, que se están concursando", subrayó Superti.

Y al responder, en cierta medida al constante reclamo de los distintos colegios de abogados que demandan la creación de nuevos cargos o la cobertura de aquellos que se encuentran vacantes, Superti puntualizó que el Ejecutivo promovió en esta gestión y obtuvo a nivel legislativo la creación de 16 cargos de juez de primera instancia, orientados especialmente a tribunales colegiados y unipersonales de familia, y la creación y respaldo presupuestario de 32 cargos en 2008 y 353 (incluidos los jueces) en 2009, todos del poder Judicial.