Finalmente, el Gobierno nacional decidió ocuparse de la delicada situación de los tribunales federal mendocinos. El próximo 18 de agosto, el Consejo de la Magistratura de la Nación les tomará un examen de oposición y antecedentes -en el marco del concurso 276- a los 54 postulantes que se inscribieron para pelear por cuatro de las cinco vacantes que hay en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La quinta vacante, en rigor, ya fue concursada hace más de un año y medio y la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no decidió aún enviar el pliego de ninguno de los tres postulantes que quedaron primeros en aquel concurso.

A fin del año pasado, por la resolución 152 de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, se decidió cubrir la vacante del destituido Luis Miret, quien fue el primer camarista en perder su cargo por estar involucrado en delitos de lesa humanidad. Luego, por la Resolución 36 de este año, la misma Comisión resolvió cubrir la vacante que dejó Otilio Romano, el otro camarista que fue removido por su rol en la dictadura militar y que actualmente espera ser deportado desde Chile a la Argentina para ser juzgado por un tribunal oral junto a su ex colega Miret.

Finalmente, este año, por la Resolución 87, el Consejo decidió sumar al concurso dos cargos más debido a las renuncias de los camaristas Julio Petra y Antonio Alberto Endeiza.

Por estos cuatro cargos (tres pertenecen a la sala B y uno a la sala A) deberán concursar los 54 postulantes que se anotaron en la última semana de junio para dar el examen. Ese listado tiene una marcada impronta K e incluye varios nombres conocidos en los ambientes tribunalicios y sobre todo políticos de Mendoza.

La Justicia Federal mendocina viene siendo seguida con atención no sólo por el Ejecutivo nacional sino también por la oposición y los abogados y jueces que integran el Consejo de la Magistratura. No sólo porque dos camaristas (Miret y Romano) fueron destituidos, sino porque en el último año renunciaron Pereyra González, Petra y Endeiza, y quedaron vacantes el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que comandaba Alfredo Manuel Rodríguez, y el Juzgado Federal de San Rafael, que tuvo a su cargo Raúl Acosta (ambos se jubilaron). De manera que los cargos más importantes de la Justicia Federal local están en manos de jueces subrogantes. Sólo un camarista, de un total de seis, es titular: Alfredo López Cuitiño.

Sin embargo, la Presidenta no siempre se ha mostrado interesada en resolver con velocidad la situación de la Justicia Federal mendocina. Recordemos que la semana pasado envió 35 nombres al Senado para que hoy la Cámara alta le dé el aval y queden designados los titulares de importantes juzgados federales, pero decidió mantener en suspenso la vacante que dejó el renunciante Carlos Pereyra González, quien se fue de la Cámara de Apelaciones hace dos años cuando fue involucrado por un testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en San Luis.

En este concurso, quedaron entre los tres mejores puntuados la jueza federal número 2, Olga Pura Arrabal; Francisco Javier Pascua (quien fue uno de los secretarios del ex juez Luis Leiva en la mega-causa del Banco Mendoza) y Juan Jesús Castilla, actual secretario de la Cámara Federal de Apelaciones y ex asistente de Bento.

La Presidenta tampoco mandó ningún pliego para cubrir la vacante en el Juzgado Federal N° 3, que dejó vacante el juez jubilado Alfredo Manuel Rodríguez (durante varios meses fue subrogado por Bento y ahora está siendo subrogado por el mismo Rodríguez, quien fue convocado pese a haberse jubilado). En la terna que Cristina Kirchner tiene en su poder desde hace dos años figuran Claudia Nofal, secretaria del Juzgado número 3; el fiscal de Instrucción Jorge Calle y Marcelo Garnica, secretario de Bento.

Para algunas fuentes de la oposición mendocina, que ven con atención el grado de influencia que va cobrando en la Justicia Federal el polémico Bento -a quien el kirchnerismo salvó la semana pasada de ser enjuiciado- les resulta llamativo que la Presidenta no haya tomado decisión alguna sobre estas vacantes clave donde hombres de confianza del juez federal mendocino están involucrados. En este contexto, otro asistente de Bento, Alberto Carelli, quien es secretario del Juzgado N° 1, se presentó al mega-concurso por los cargos en la Cámara de Apelaciones.

Nombres conocidos

Para el concurso 276, donde se pondrán en juego las cuatro últimas vacantes que se produjeron en la Cámara de Apelaciones (las de Miret, Romano, Petra y Endeiza) hay muchos postulantes conocidos. El primero que salta a la vista es el abogado de Derechos Humanos y ex funcionario de Celso Jaque Pablo Salinas, de estrechos vínculos con el kirchnerismo. El caso de Salinas tiene otra particularidad: también se postula su mujer, Viviana Beigel.

El otro nombre que llama la atención es el de la polémica jueza Olga Pura Arrabal, quien tiene vínculos con el grupo Vila-Manzano y volvió a anotarse dado que no hay noticias del concurso anterior por el mismo cargo que la Presidenta mantiene "pisado".

A ellos se suman el actual juez subrogante del Juzgado de San Rafael, Eduardo Puigdengolas; el ex miembro de la Suprema Corte de Mendoza Alfredo Porras, que también fue ministro de Gobierno de Rodolfo Gabrielli, y el abogado Pablo Mosca, quien fue representante de los letrados del interior del país en el Consejo de la Magistratura hace unos años.

Entre los candidatos mendocinos otro que se destaca es el juez David Mangiafico, que se hizo conocido porque de abogado penitenciario con la categoría más baja en 2006 pasó a ser oficial, asesor de Mario Adaro cuando era ministro de Gobierno, alcaide mayor y luego director del Servicio Penitenciario, cargo al que llegó en 2010. El año pasado se convirtió en juez de Garantías. Y ahora quiere seguir ascendiendo y transformarse en camarista federal.

También se anotaron el abogado Pablo Enrique De Rosas (quien fue condecorado por la American Academy of International Law de Estados Unidos hace unos meses), el defensor oficial Adriano Máximo Liva, la fiscal de Cámara Susana García y el ex abogado de Prodelco y de Luján en la gestión Parisi, Sergio Rocamora.

Además, hay letrados de otras provincias, como el fiscal subrogante de San Juan, Mateo Bermejo; el abogado bonaerense Gustavo Becerra González; el juez civil de Río Negro, Richar Gallego y el secretario del Juzgado Federal N° 1 de San Juan, Lucio Víctor Guzzo.