El polémico caso del juez de Menores y Familia de Concordia, Raúl Tomaselli, cuyo nombramiento todavía no fue confirmado por el Poder Ejecutivo, marcará un antes y un después. Ahora los candidatos a funcionarios judiciales tendrán mayores controles sobre sus antecedentes para así evitar controversias.

El Senado pedirá informes al Registro de Deudores Alimentarios para conocer si los candidatos deben cuotas de alimentos, y al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para saber si mientras ejerció un cargo como suplente fue denunciado. Como los jueces, fiscales y defensores nombrados por el STJ no pueden ser sometidos a Jury, es el máximo tribunal el órgano que recepciona las denuncias contra ellos. De esta manera, los senadores entienden que “habrá mayor control sobre las personas que asumirán un cargo importante de por vida”.

Hombre público

Raúl Tomaselli dejó de ser un juez anómimo en 2012 por su actuación en el caso de una nena de 11 años violada y embarazada en General Campos, en el Departamento San Salvador. El magistrado, a cargo en forma interina del juzgado, judicializó el aborto (que la Corte Suprema considera no punible). Desde ese momento, Tomaselli comenzó a ser cuestionado por distintas organizaciones sociales y políticas.

Justo en medio de este caso, el pliego de Tomaselli ingresó al Senado para ser titularizado en el cargo.Su proceso constitucional avanzó sin inconvenientes, debido a que los legisladores interpretaron que su labor en el caso de la niña fue correcta y su carrera judicial, intachable.

Caso único

Jamás ocurrió que el Senado haya dado Acuerdo a un funcionario judicial y que el Ejecutivo no dicte el decreto de titularización. Pero tampoco sucedió que, tras un pliego aprobado se conozcan denuncias graves contra un funcionario como las realizadas por la abogada Evelyn Siblen, quien representó a una mujer que tuvo un hijo con el juez, en un juicio por paternidad.

Según declaraciones de Siblen a Páginajudicial.com y desmentidas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Entre Ríos, el juez de Concordia se habría negado a reconocer un hijo y al pago de la cuota alimentaria. Tal situación habría llevado a la mamá del chico a presentar un pedido de Jury contra el magistrado. Hoy los senadores entienden que si todo esto hubiera sido conocido con anterioridad, posiblemente las preguntas hacia el postulantes hubieran sido distintas, porque se está hablando de un juez que actuará en el sensible fuero de Menores y Familias. Además, en la cámara Alta, hay algo de malestar por la falta de colaboración que existió desde el STJ para informar sobre la denuncia que pesaba contra Tomaselli.

Jura en Diamante

Tras la emisión del gobierno entrerriano de los 18 decretos de titularización de funcionarios judiciales, ayer el Procurador General de la Provincia, Jorge García y el Defensor General, Maximiliano Francisco Benítez, tomaron Juramento a los nuevos Defensor y Agente Fiscal de Diamante en el acto que se desarrolló al mediodía en los Tribunales de Diamante. Juraron Noelí Ballhorst como Defensora de Pobres y Menores y Gilberto Dalmacio Robledo como Agente Fiscal Titular de ese departamento.

Ballhorst, abogada del Fuero, fue designada por Decreto Nº 783 MGJ del 30 de marzo de 2012, luego del respectivo Concurso en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

Robledo, que se venía desempeñando como Agente Fiscal Provisorio de Diamante, fue designado por Decreto Nº 759 MGJ del 29 de marzo de 2012, luego del Concurso en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

Viale contra Tomaselli

El diputado socialista, Lisandro Viale presentó un proyecto de resolución en el que propone solicitar al Poder Ejecutivo provincial que se abstenga de avalar la designación del doctor Raúl Tomaselli por su indoneidad para ocupar dicho puesto. “Lo actuado por

Tomaselli va en contra del Código Penal, de la orientación jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia y de las polítcas de salud de la provincia y la Nación en los últimos años”.

En ese sentido, remarcó que al permitir la judicialización de un caso de aborto no punible Tomaselli fue en contra de lo normado en los Art. 1 y 2 del Código Penal y también ignoró la orientación jurisprudencial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desde 2007, que en septiembre de ese año expresó que “no es necesaria, desde ningún punto de vista, la autorización judicial para hacer el aborto”, en una decisión firme de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, integrada entonces por los vocales Emilio Castrillón, Juan Carlos Ardoy y Leonor Pañeda.

Viale señaló que, “el gobernador deberá decidir, con la firma o no del decreto, si avala este tipo de conductas. La designación de los jueces es un tema sensible a la calidad institucional del Estado de derecho”, remarcó.