Con la ausencia de Mestre y Riutort, los asistentes se prometieron dar continuidad a las juntas de Participación Ciudadana y al Presupuesto Participativo, en caso de ser electos.
La acción tuvo por fin lograr por parte de los aspirantes a ocupar el Palacio 6 de Julio, el compromiso para el fortalecimiento y desarrollo de la participación ciudadana y la continuidad de la modalidad de Presupuesto Participativo, ante las autoridades de organizaciones vecinalistas y sociales.
Héctor Campana (Unión por Córdoba), Mario Bartelloni (Partido Intransigente), Jorge Agüero (Partido Popular), Esteban Dómina (Frente Cívico), Laura Sesma (Coalición Cívica), Ramón Godoy (Frente Unidad Popular y Humanista), y Carlos Vicente (Nuevo Encuentro), asistieron al acto. Olga Riutort (Fuerza de la Gente) envió una carta en la que aludía compromisos personales que impedían su asistencia, pero se comprometía a firmar en los próximos días el escrito. Por su parte, fuentes aledañas al radical Ramón Mestre, aseguraron nunca haber recibido la invitación al encuentro.
Además de los candidatos, autoridades de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT) suscribieron en calidad de medios observadores para informar sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de los candidatos en relación a este acta. El escrito giró en torno a cuatro puntos.
En el marco del Presupuesto Participativo, los candidatos se comprometieron a mejorar y profundizar el proceso, obligándose a presentar un cronograma de ejecución de los proyectos priorizados por los vecinos y pendientes de ejecución por la gestión saliente.
Además, los firmantes quedaron obligados a avanzar gradualmente en la descentralización administrativa, operativa, presupuestaria y política de la Municipalidad, fortaleciendo el funcionamiento de las Juntas de Participación Vecinal, e implementando el Gabinete Territorial integrado por el conjunto de directores de los CPC.
El acta también obliga al futuro mandatario o concejales, a generar y perfeccionar los canales de comunicación entre el municipio y la comunidad “que permitan a la ciudadanía y a sus organizaciones ejercer el Control Social de la gestión municipal, particularmente el seguimiento y control del Presupuesto y su Ejecución”. Y, de esta forma, asegurar procedimientos eficaces que posibiliten el libre acceso a la información pública.
El último punto está referido a adecuar y hacer eficiente la estructura administrativa municipal y el trámite burocrático a las políticas de Participación Ciudadana, “para que éstas puedan desarrollarse en plenitud y sin las trabas que hoy perturban estos procesos”.
Comentá la nota