Una acción generalmente tiene consecuencias, pero en algunos casos, desencadena un conjunto de efectos, como en una avalancha de imprevisibles resultados
Tampoco lo esperaban los caudillos y matones de la Unión de Tranviarios Automotor, quienes protegen a ambos “políticos”. El tiempo revelará el destino inmediato de dos de los funcionarios que han dañado más severamente –y desde adentro- la imagen política del partido gobernante. El máximo dirigente de la Renovación no recomendó la expulsión del partido de Peña, después de su inadmisible comportamiento del 18 de abril, cuando golpeó ferozmente a dos periodistas durante una sesión del HCD. Sin embargo, les habría quitado la protección y la Justicia comienza a dar algunas muestras de que podrían esclarecer las múltiples acusaciones de corrupción contra Flores y todo su grupo. Comenzando por las 9 Pensiones No Contributivas (PNC) que fueron entregadas en Candelaria a familiares directos y allegados del intendente. Será el principio del fin para este grupo mafioso que golpea a periodistas y opositores, o bien, otro señuelo para que los medios no informen sobre temas escabrosos para el partido gobernante.
En la jornada del martes se realizó un operativo ordenado por el Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Posadas, a raíz de una denuncia de irregularidades en el otorgamiento de las PNC en Candelaria. Se incautaron más de 70 expedientes vinculados al otorgamiento de las pensiones, que está sospechado de serias irregularidades, en las que como mínimo están involucrados el responsable del área de Acción Social del municipio y médicos del hospital local (de nivel 1). El director del nosocomio, Ricardo Raúl Pereyra, aseguró el pasado 21 de Junio que había realizado una denuncia por el robo de su sello y la adulteración de su firma en trámites de PNC ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Las pensiones en cuestión son las que el organismo nacional otorga a personas con un 75% o más de incapacitación física. Los pedidos de pensiones para personas discapacitadas deben ser certificados por autoridades médicas y por al menos un profesional de Trabajo Social, quienes deben corroborar la condición médica de incapacitación y de vulnerabilidad económica y social. Además tienen dos requisitos extras: no pueden ser entregadas a personas que tengan cargos públicos o que sean familiares de funcionarios. Resulta pues que 9 de los beneficiarios directa o indirectamente vinculados a Flores no cumplen con ninguno de estos requisitos. Desde 2009, el segundo año de la primera gestión del intendente renovador, se comenzaron a otorgar PNC a sus familiares y allegados en Candelaria.
Para graficar lo escandaloso del reparto de PNC entregadas en forma irregular y al amparo de una poderosa corruptela, cabe reiterar aquí la curiosa lista de beneficiarios que difundió El Territorio, no hace mucho tiempo atrás. Cornelio Flores (hermano del intendente) y su esposa Ana María Verón. Sergio Alejandro Flores y María del Carmen Flores (ambos hijos del matrimonio citado), Carlos Wilfrido Silvero (esposo de María del Carmen Flores), Morena Ayelén Silvero (hija Carlos y María del Carmen, nieta del hermano del alcalde), Silvia Yolanda Fariña (esposa de Carlos Hugo Lescar, un empleado municipal de planta), Mónica Liliana Butof (secretaria del Concejo Deliberante desde 2011) y la esposa del edil renovador Leandro Guimaraes Añais. Estos últimos tres mencionados, perciben las pensiones desde 2009. Alguien en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en la Justicia provincial debe haber imaginado que quizás no todos ellos posean un 75% de incapacidad física. Aunque sí puedan padecer de “incapacidad ética”, algo no demasiado raro y no generalmente punible entre los dirigentes renovadores.
Así es que retomando el principio de la editorial, la golpiza del concejal Peña sobre el empresario de medios y dirigente renovador Daniel Luna (y uno de sus cronistas) parece haber tenido imprevisibles e irreparables consecuencias para el grupo que lidera Carlos Flores. Lo que habría sucedido en cualquier sociedad con una dirigencia política seria, habría sido la destitución y renuncia de Peña a su cargo y al partido que integra, el Frente Renovador. Esto no sólo no ocurrió, sino que Flores y el impresentable concejal Vidal González (de Candelaria) salieron a respaldar la agresión de Peña. Por si esto fuera poco, el 8 de Mayo, en una bochornosa sesión, los ediles renovadores Antonio Vidal González, Peña y Guimaraes Añais decidieron “cajonear” el pedido de destitución contra el inadaptado presidente del HCD. Esa noche un matón de la UTA, Rubén Darío Vargas golpeó a otro periodista que cubría los hechos, Rodrigo Castillo (de MOL)
En suma, podría decirse que con la permanencia de Peña en el Concejo, ya no sólo ciudadanos de Candelaria, sino del resto de la provincia, además de periodistas, comenzaron a ver a este grupo renovador vinculado con la UTA como “poco democrático”. De hecho, hasta el diputado rovirista, Alberto Álvarez, declaró al respecto de este tema, que “algunos dirigentes (por Peña) le hacen mal a la Renovación”. Si avanza la investigación y se comprueba la corruptela en la entrega de las PNC, todo indica que el partido gobernante ya habría comenzado la inevitable purga de estos elementos violentos y poco instruidos, que en otro momento fueron funcionales. Lo que no deja de significar que Flores y su grupo habrían podido actuar impunemente durante años a partir de la protección del Frente Renovador de la Concordia Social.
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