El monitoreo conjunto uruguayo-argentino del río Uruguay "va a permitir un estándar ambiental elevado, a fin de preservar el ecosistema de la región", expresó ayer el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman. También con este mismo fin "es que se iniciaron las acciones judiciales tendientes a evitar la construcción de la presa Ayuí Grande, en la provincia de Corrientes. Las mismas buscan evitar que nuestro país pudiera, eventualmente, incurrir en responsabilidad internacional frente a la República Oriental del Uruguay, por incumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay de 1975".

En contacto con EL LIBERTADOR, el director de prensa de la Cancillería, Marcos Lohlé hizo llegar la nota de Timerman, que a continuación se transcribe:

"Hace pocos días, los cancilleres de Argentina y de Uruguay firmamos en Montevideo un importante acuerdo destinado al monitoreo ambiental de la planta UPM-Botnia y también del río Uruguay.

Vale recordar el largo camino que debimos transitar hasta llegar aquí. Pero más vale saber que los acuerdos alcanzados constituyen un hito en la relación entre los dos países porque incluyen la defensa y protección de la naturaleza, algo esencial para lograr una mejor calidad de vida.

FALLO

Fue necesario recurrir ante la Corte Internacional de Justicia para que ratificara la obligación de cumplir con el mecanismo de información y consulta previas que establece el histórico Estatuto del Río Uruguay en el que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) tiene un rol insustituible y central. En su sentencia, la Corte ordenó a la Argentina y al Uruguay llevar a cabo, a través de la CARU, un monitoreo continuo del funcionamiento de la planta de Botnia-UPM y de sus efectos sobre el río Uruguay.

La decisión de recurrir a La Haya se originó en el expreso pedido de la ciudadanía de Gualeguaychú, de las autoridades de la Provincia de Entre Ríos, y en la voluntad del Gobierno argentino de agotar las instancias para encauzar la solución de un conflicto con un país con el que nos une una profunda hermandad.

Fueron necesarias también dos reuniones presidenciales y varios encuentros entre los cancilleres para implementar el mandato de La Haya. En Anchorena (Uruguay) el 2 de junio, los presidentes acordaron llevar adelante un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM. Asimismo, como reflejo de la necesidad de contar con un modelo para cuidar el ambiente en el río Uruguay, Fernández de Kirchner y Mujica acordaron un plan de control y prevención de la contaminación en toda la extensión limítrofe que tiene el río entre los dos países".