El Gobierno bonaerense analiza endurecer las penas para aquellos productores que instalen o mantengan canales clandestinos en sus campos, a quienes podrían inhibirles las propiedades denunciadas, además de impedir la comercialización de mercaderías.

La iniciativa se desprende de un proyecto presentado por el Ejecutivo que ya se debate en la Legislatura. El documento da un plazo de 90 días a los productores para que regularicen su situación. Si esto no ocurre, podrían recibir penas que van desde la prohibición de la entrega de Cartas de Porte para comercializar granos hasta la inhibición de las propiedades en donde se encuentren las obras clandestinas.

Las persistentes precipitaciones que este año provocaron inundaciones en buena parte del interior provincial y generaron anegamientos en los cascos urbanos renovaron los pedidos por la existencia de canales clandestinos que “escurren” el agua de los campos hacia cursos hídricos que, desbordados, afectan a la ciudad. En este marco, la Provincia aseguró que de las casi 2.000 denuncias de canales clandestinos recibidas durante los últimos años, más del 60 por ciento aún no fueron regularizadas.

La construcción de canales clandestinos, que durante los meses más críticos de las inundaciones enfrentaron a jefes comunales y productores de diferentes municipios, pusieron de manifiesto el problema hidráulico de la Provincia, y frente a las críticas de los distritos más complicados, el Gobierno bonaerense promovió una normativa que establece “penas más severas” para los productores que construyan canales ilegales para sacar el agua de sus campos.