Productores rurales tucumanos, nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA), se sumaron a una decisión institucional, expresada en un principio a través de nueve asambleas zonales de distrito, y realizarán una manifestación frente al Congreso de l Nación en reclamo de "retenciones segmentadas y un giro en las políticas agropecuarias" El primer turno de las asambleas fue realizada por organizaciones de base de la Federación Agraria Argentina (FAA) de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, informó ayer la federación. La FAA completará las restantes siete asambleas el próximo 24 de julio. "El denominador común de los debates en cada una de las regiones del país fue la creciente preocupación de los productores ante el avance del proceso de concentración económica que fomenta la desaparición sistemática de los chacareros", señaló la FAA. La FAA dijo que las bases federadas reclamaron "un cambio de rumbo con respecto al modelo productivo neoliberal kirchnerista y definieron protagonizar una masiva marcha agraria hacia el Congreso de la Nación el 18 de agosto próximo". "Desde que se aplican retenciones, se hace de igual manera para todos", por lo que "se ha profundizado la concentración agropecuaria y la exclusión de pequeños y medianos productores", analizó la FAA. Las bases consideraron "primordial" que se aprueben los proyectos federados en relación a arrendamientos y aparcerías rurales, promoción de la ganadería y desarrollo de un plan de carnes alternativas y previsibilidad para la lechería. Además, reclamaron la compensación de fletes para aquellos productores que estén a más de 300 kilómetros del puerto, la creación de un nuevo organismo que reemplace a la ONCCA, la atención de las economías regionales, y el Plan Arraigo para resolver la problemática de la juventud agraria. La iniciativa ya llegó a la Cámara de Diputados mediante un proyecto que presentaron los legisladores Pablo Orsolini y Ulises Forte, ex dirigentes de la Federación Agraria y alineados en el bloque radical. El proyecto propone "compensar el transporte de granos y oleaginosas producidos a más de 300 kilómetros de su destino final, dentro del territorio nacional, con finalidad de consumo, industrialización o exportación en su primera venta". De acuerdo con el proyecto, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Agricultura, que se hará cargo del subsidio sobre el transporte que supere los 300 kilómetros y que cubrirá como máximo determinados volúmenes de producción, que en caso de la soja y el girasol llegará hasta 600 toneladas, 900 para el trigo y 1200 para el maíz. También establece como mecanismos de control que el beneficiario "se encuentre inscripto como productor en el Registro de Operadores de Granos y Legumbres Secas de la AFIP", "que las declaraciones juradas de los productores deberán ser visadas por un representante de la organización gremial en la que se nuclee el productor y las autoridades municipales del lugar en que se radique la explotación", "que cumplan con la normativas vigentes para definir pequeñas y medianas empresas agropecuarias", y las cartas de porte para el traslado de los cultivos.