Marchan hoy desde las 10 desde Humberto 1º y Cañada hasta tribunales I. Piden acciones del estado para garantizar la función social de la tierra urbana y rural y facilitar el acceso a la vivienda y a la producción agropecuaria.
La movilización responde además a la urgente necesidad de que finalicen los desalojos indiscriminados de las familias campesinas y remates de campos con los habitantes dentro de los mismos.
Por la tala indiscriminada para la utilización de estos terrenos en emprendimientos sojeros, es que hasta el momento se han visto afectadas 13.000 hectáreas de bosque nativo.
“La Justicia tiene el deber de reconocer a los poseedores que producen y viven en el campo. Es necesario, dar un punto final a los sucesivos desalojos de familias campesinas y remates de tierras con dueños adentro que viven en el campo. Entre los reclamos más urgentes se encuentra el reconocimiento de los poseedores del Campo La Libertad en la Pedanía Quilino del Departamento Ischilín, por parte de la quiebra de la firma Feigin Hnos. Ltda..
Los campesinos sostienen que “el Estado provincial es responsable de defender el patrimonio de los Cordobeses y no entregarlo a la corrupción política. Repudiamos las causas por estafas al Banco Social y el Registro de la Propiedad y la vía libre a los Agronegocios y la especulación inmobiliaria”, señalaron en un comunicado.
En este marco exigen a la Provincia “que la Justicia reconozca la posesión campesina, arbitrar los medios necesarios y expropiar el campo para las familias campesinas organizadas, ya que mediante esta medida, también se conserva el bosque nativo”.
Demandan además “que se esclarezcan todos los juicios y causas relacionadas con las estafas al Estado, a la Legislatura Provincial que se apruebe el Proyecto de Ley de Expropiación del Campo “La Libertad” Pedanía Quilino, y una Ley Provincial de Tierras que garantice la función social de la tierra urbana y rural y facilite el acceso a la vivienda y a la producción agropecuaria”.
En el comunicado señalan además el pedido de justicia por el crimen de Cristina Ferreira, el joven de 23 años del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Cristian fue asesinado por dos hombres que trabajan para un productor agropecuario de la zona cuando intentó resistir el desalojo del lugar donde había vivido toda su vida.
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