Los exdirectivos de Altec, Guillermo Campbell y Haroldo Lezcano, quedaron absueltos ayer, luego de que el fiscal de Cámara Enrique Sánchez Gavier retiró los cargos por considerar que no se probó ninguna de los hechos investigados en la primera causa por fraude contra el Estado que llegó a juicio.

El primer tramo de la megacausa Altec, denunciada en abril de 2004 por el actual vicegobernador Carlos Peralta, investigó la supuesta simulación de compra de 42 neumáticos y 40 baterías por 47.916 pesos a Lican Ray SRL, firma inscripta en el rubro panadería, y la adquisición de 6.000 etiquetas autoadhesivas por un total de 5.082 pesos. Las facturas fueron objetadas durante una investigación de la AFIP que las consideró "apócrifas".

El fiscal pidió la absolución tras asegurar que las pruebas reunidas no demostraron la existencia de fraude contra el Estado ni de falta de los deberes de funcionarios ni el supuesto provecho reprochado a los acusados. La sentencia definitiva se conocerá el 6 de julio, pero el presidente de la Cámara Segunda, César Lanfranchi anticipó a los acusados que "han quedado absueltos".

En un pormenorizado alegato, compartido por los defensores, Sánchez Gavier advirtió que la omisión de controles en la administración de Altec no implicó una violación de deberes por parte de Campbell y Lezcano porque en ese momento no existía un procedimiento definido para las empresas del Estado.

La ausencia de todo control "no me demuestra en los hechos que la mercadería no haya entrado" sostuvo el fiscal, quien ponderó los testimonios -algo dubitativos- de dos empleados como prueba fehaciente del ingreso a depósito de las 42 cubiertas y 40 baterías. En cambio descartó la declaración del exgerente Operativo, Carlos Cattini, quien negó categóricamente el ingreso de la mercadería a la empresa por tratarse de un "testimonio huérfano" frente a las demás declaraciones.

Al retirar los cargos, Sánchez Gavier, señaló la deficiente instrucción de la causa y planteó sospechas de intencionalidad en las actuaciones realizadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que condenó a Campbell a a resarcir al Estado en unos 51.000 pesos. También consideró que la investigación realizada por el vicepresidente de Altec en 2004, Alfredo Iwan, se equivocó al concluir que las baterías y las cubiertas no habían ingresado a la empresa.

También sostuvo que la causa comenzó con la difusión periodística de la denuncia que "plantó (el expresidente de Altec, Adrián) Brussino" y que luego "Peralta y Gatti, sin conocer absolutamente nada denunciaron ante la justicia por lo que salió en los diarios".

Al término de la audiencia, con la sala prácticamente vacía, Campbell rompió en llanto por unos breves minutos y luego recompuso su ánimo para abandonar el edificio de Tribunales. Otro de los actores de la jornada que exhibió sus emociones fue el abogado defensor de Lezcano, Juan Carlos Chirino, quien celebró el pedido de absolución del fiscal pero lamentó los ocho años de proceso soportados por los acusados y pidió enfáticamente que se termine el sistema de juzgamiento inquisitorial al que calificó como "un sistema perverso".

"Mis defendidos hace 10 años que están con esta espada sobre su cabeza" y "la sociedad se va a enojar porque el fiscal pidió la absolución" reflexionó el letrado que criticó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la parcialidad de las pruebas de cargo basadas en declaraciones tomadas bajo presión a los empleados de Altec.