El documento destaca que en el país se “viene discutiendo y saldando temas cruciales en políticas de derechos humanos, soberanía, igualdad y no discriminación, como lo prueban los recientes debates legislativos que sancionaron leyes como la de identidad de género, muerte digna, matrimonio igualitario, violencia de género, entre otras”.

Por otro lado “en marzo del presente año la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo ejemplar donde quedan expresados los alcances del artículo 86 del Código Penal, dando fin a la violación sistemática de derechos que vienen sufriendo las mujeres en Argentina, para el acceso a los abortos que están permitidos por Ley hace más de 90 años”.

Sin embargo “en contradicción, vemos con preocupación que los gobiernos de muchas provincias de nuestro país se niegan a cumplir con la Ley vigente y siguen poniendo obstáculos para el efectivo cumplimiento del aborto no punible, de la educación sexual y del acceso al programa de salud reproductiva, atentando contra el pleno cumplimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos”.

“Por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional –agrega el comunicado -, se impulsan reformas integrales del Código Civil y Comercial y el Código Penal, para colocar estas legislaciones de fondo en sintonía con la perspectiva de Derechos Humanos Integrales, así como de Tratados y Convenciones ratificadas por nuestros país y con rango constitucional desde la reforma de 1994”.

Ante esto, a feministas de todo el país que iniciaron la campaña les preocupa que “la comisión para la reforma del Código Penal haya manifestado el acuerdo expreso de dejar por fuera de esta reforma integral el tema del aborto”.

El argumento de esa medida es que debe ser tratado en el ámbito del Congreso Nacional. Sin embargo, el proyecto de Ley del aborto ya fue presentado veces en ese ámbito y aún no se debate.

“Nos parece muy importante que se discuta también la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal. Pero resulta inaceptable que el tratamiento de estos temas sirva de excusas para no abordar un tema tan acuciante para la vida, la salud y los derechos de las mujeres como el derecho al aborto” continúa la declaración.

Y se pregunta: “¿A quién le preocupan las más de 80.000 mujeres que egresan cada año de los hospitales públicos de nuestro país por consecuencias de abortos clandestinos realizados sin asepsia? ¿Quién responde por las secuelas graves que muchas veces acarrean de por vida? ¿Quién se hace cargo de las más de 100 muertes anuales por abortos inseguros, todas evitables? ¿Quiénes son estas mujeres que parecen no tener ni voz ni voto?” y remarca: “Son mujeres de nuestro pueblo. Muchas jóvenes, casi todas en situación de pobreza, muchas habitantes de regiones rurales, de ciudades pequeñas, que no han tenido acceso a ninguna de las políticas de prevención del embarazo y a quienes esta vulneración de derechos las llevó a poner en peligro su vida y su salud, para resolver el dilema de una gestación no deseada. Que tantas otras mujeres, resuelven en la clandestinidad, pero sin correr riesgo ni en su vida ni en su salud. ¿Qué nos diferencia a unas y otras? Ni la religión, ni la edad, ni el género. Nos diferencia el sector social en el que nacimos y los recursos económicos, de información y redes personales y sociales que nos posibiliten tener un aborto seguro o no”.

“Por todo lo expuesto reclamamos de manera urgente a la Cámara de Diputados de la Nación que comience en comisiones el debate del Proyecto de Ley impulsado por la CAMPAÑA NACIONAL POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO” concluye la nota.