La campaña para las presidenciales del 1 de julio sólo se interrumpe en México por las matanzas. La policía encontró ayer los cadáveres sin cabeza y sin extremidades de 49 personas junto a una carretera cercana a la ciudad de Monterrey, en el norte del país, con un mensaje firmado por la organización criminal de Los Zetas. Un vocero del gobierno estadual de Nuevo León dijo que se trata de los cuerpos en descomposición de 43 hombres y seis mujeres. Algunos cuerpos podrían haber tenido hasta 48 horas sin vida, lo que permite suponer que la masacre se produjo en otro sitio. Aunque sin precisar razones, algunas autoridades no descartaron que las víctimas puedan ser migrantes de países centroamericanos.

“Para complicar la identificación, todos están decapitados y con sus extremidades mutiladas”, dijo el vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Domene. Se trata de la tercera matanza de los últimos nueve días, después de las registradas en la también norteña Nuevo Laredo (23 muertos) y los 18 cadáveres descuartizados hallados en un municipio del estado occidental de Jalisco. Las autoridades suponen que todas las matanzas están relacionadas a rivalidades entre grupos de narcotraficantes, en especial Los Zetas y el cártel del Golfo.

La mayoría de los cadáveres estaban en bolsas de plástico y muchos de ellos se encontraban desnudos. Algunos tienen tatuajes que podrían ayudar a la identificación. Voceros militares y policiales coincidieron en que podría tratarse de oriundos de otros estados mexicanos o incluso de migrantes, aunque por el momento no hay indicios concretos, ya que en Nuevo León no se reportaron denuncias recientes sobre desapariciones masivas. “En este momento no descartamos nada, pero todo se reduce a hipótesis”, dijo el procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza.

El 4 de mayo se habían encontrado 23 cadáveres en la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado vecino de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Nueve estaban colgados de distintos puentes y otros 14 aparecieron decapitados. Cinco días después, el 9 de mayo, aparecieron 18 cuerpos descuartizados en dos vehículos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco. El año pasado habían ocurrido matanzas similares en los estados de Veracruz y Jalisco, además de haberse encontrado cientos de cadáveres en fosas de Tamaulipas y Durango.

La escalada de violencia ocurre cuando México está en plena campaña para las presidenciales del 1 de julio, en las que se elegirán, además, diputados, senadores y autoridades de 14 estados y la capital. Los cuatro candidatos principales –el favorito postulante del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto; la oficialista de derecha Josefina Vázquez Mota; el progresista Andrés Manuel López Obrador y el ecologista Gabriel Quadri– no pueden obviar las referencias al tema de la violencia, pero todos han demostrado que no tienen ninguna estrategia definida para hacerle frente al flagelo (ver aparte).

Las estimaciones oficiales señalan que en los últimos cinco años fueron asesinadas más de 50 mil personas en hechos asociados al crimen organizado. El mes pasado, durante una reunión de encargados de la defensa de Canadá, Estados Unidos y México, el jefe del Pentágono, León Panetta, había hablado de 150 mil muertos, pero no explicó basado en qué hacía semejante afirmación. <

dpa y Ap

Candidatos sin solución

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtió que ninguno de los cuatro principales aspirantes a suceder al presidente Felipe Calderón a partir del 1 de diciembre ha explicado de manera concreta cómo piensa pacificar el país. Tampoco han expresado un claro compromiso de respeto a los Derechos Humanos ni cómo van a resolver los miles de casos de desapariciones derivadas de la cuestionada decisión del gobierno de derecha de militarizar el combate al narcotráfico.

En definitiva, los cuatro no ofrecen otra cosa que mano dura: más policías (llevar el número de efectivos de los 40 mil actuales a entre 150 mil y 400 mil), mejor armamento, penas más severas y la construcción de nuevas cárceles. Sólo el progresista Andrés Manuel López Obrador ofrece una visión diferente. Dice que hay que situar los orígenes de la violencia en la corrupción y la pobreza y propone diseñar una política de respaldo a las víctimas y abordar el tema de las drogas como un asunto de salud pública. Pero no explica cómo lo llevará a la práctica ni cómo acabará con la violencia.

Ansa