La medida de fuerza se mantiene, también, a pesar dela advertencia del vicepresidente Amado Boudou de para asegurar la distribución de combustible con la aplicación de la Ley de Abastecimiento, una norma que prevé sanciones económicas, la intervención de gremios y hasta prisión de seis meses a cuatro años en casos de "especial gravedad".

La decisión del gremio de parar en el área de distribución de combustibles es producto del fracaso de dos reuniones que mantuvieron con los empresarios del sector en el marco de las paritarias y en las que no hubo un punto intermedio de acuerdo entre el 30 por ciento de incremento salarial que pidió el sindicato que conduce Moyano y el 21 que ofrecen la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (Fadeeac).

El gremio volvió en esa instancia a exigir al gobierno nacional la eliminación del Impuesto a las Ganancias aplicado a los salarios, al igual que los topes para el cobro de las asignaciones familiares, y reiteró la exigencia de una "compensación de entre 3 mil y 4 mil pesos para cada trabajador", para el caso de que la administración nacional no suprima el gravamen ni permita el libre cobro de las asignaciones familiares.

La medida de fuerza del gremio se inscribe en un "plan de lucha" aprobado por la cúpula del sindicato, consistente en paros por rama, que comenzaron el viernes último con una huelga de 24 horas de los choferes de camiones de caudales. Ese programa contempla también una huelga nacional conjunta de todas las actividades representadas por el gremio, en el caso de no obtener una respuesta positiva a las demandas del sindicato en los próximos días.