La ruta, que es totalmente intransitable en épocas de lluvia, es una de las puertas de entrada a los polémicos lotes 55 y 14, un total de 643.000 hectáreas cercadas por el río Pilcomayo, en el departamento Rivadavia Banda Norte. Ahí habitan 52 comunidades indígenas de cinco etnias y 462 familias criollas, instaladas desde 1906.

Bajo la ruta corre petróleo, que es extraído desde hace años por la empresa Pluspetrol y ramificaciones de una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta: el acuífero Guaraní. Sin embargo, a lo largo del camino es común encontrar pequeñas poblaciones aborígenes que viven en la indigencia. Es que, según datos del Censo 2001, en Santa Victoria viven más de 10.000 habitantes, de los cuales sólo el 2,24% tiene el secundario completo y el 64,44% no terminó la primaria o directamente no asistió nunca a la escuela.

Pero, mientras tediosos expedientes se acumulan para tratar de llegar a una solución definitiva sobre la titularización de esas tierras, caciques de ocho comunidades aborígenes reclamaron el acceso al agua potable y medios para los profesionales de la salud del hospital de Alto la Sierra y la enfermería del paraje Desemboque.

Se trata de las comunidades de: Pozo El Toro, Bajo Grande, Vertiente Chica, San Miguel, San Bernardo, Carneada, Las Mojaras y Pozo Bravo.

“Acá estamos olvidados, lejos de todo. Mientras peleamos por nuestras tierras no podemos vivir sin agua y caminos para la ambulancia”, dijo el cacique David Pastor, de Pozo El Toro. La única obra que se conoce en la zona es la construcción de la escuela 4507, en el paraje San Miguel, aunque todavía no fue inaugurada. Está a unos kilómetros de la escuela rancho que todavía funciona en Pozo Bravo. El puesto de salud de Desemboque no tiene luz, ni agua y atiende a 1.500 personas. El hospital más cercano es el de Alto la Sierra, que tiene un solo médico.