“Estamos atravesando una crisis importante. No es la primera, pero cada vez son más profundas”.

   De esa forma, Viviana Gómez, gerenta del Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (INCUDI), se refirió a la difícil situación que atraviesa la entidad que desde hace 49 años ayuda a niños, adolescentes y adultos con discapacidad en Bahía Blanca. 

   Entre Centros de Día y Hogares, entidad atiende a 72 personas y cuenta con 74 empleados. También tiene a su cargo una escuela primaria, pero depende del Ministerio de Educación.

 

   “En ese caso, únicamente, no debemos pagar nosotros los sueldos de los profesores y directivos. Pero hay que tener en cuenta que tenemos hogares de residencia permanentes para personas con discapacidad y también Centros de Día donde se dictan un montón de actividades”, manifestó. 

   La institución sobrevive merced a los ingresos que pagan las obras sociales por las prestaciones que brinda. 

   “Uno de los problemas es que están pagando aranceles que están muy desactualizados. Recién en diciembre del año pasado hubo un incremento del 10%, cuando el anterior había sido en noviembre de 2019. Todos sabemos lo que creció la inflación en todo ese período, más los ajustes salariales”, dijo Gómez.

   Todo eso hace que la institución no tenga ingresos para cumplir en tiempo y en forma con sus obligaciones, como ser sueldos, cargas patronales y gastos de mantenimiento de las distintas sedes. 

   “El único ingreso extra que tenemos proviene de una empresa local, que nos brinda el 1% de su recaudación. En marzo de 2020 significaban 800 mil pesos mensuales, pero con la pandemia debió cerrar sus puertas y ese ingreso fue nulo hasta diciembre pasado. Luego, al tener un aforo limitado, el dinero no fue el mismo. Y ahora volvió a cerrar”, explicó.

 

   Gómez estima que el déficit de INCUDI se aproxima a los 2 millones de pesos mensuales. 

 “Por eso esperamos que las autoridades reaccionen, porque no sé cuánto más podremos aguantar de esta manera. Lamentablemente las soluciones no llegan. No contamos con subsidios ni ayuda estatal de ningún tipo. Se brinda un trabajo de excelencia, pero que muy pocos valoran o reconocen”.

   Y agregó: “Estamos debiendo 15 millones de pesos a la AFIP por aportes jubilatorios. Entramos en dos moratorias hasta junio 2020, pero después ya no hubo otra y tampoco hubo manera de pagar”.

   La única salida que encontraron hasta el momento fue vender inmuebles que no estaban directamente vinculados al servicio que brinda. 

   “A mi me duele muchísimo decir que corremos riesgo de cerrar. La idea es sacar la institución adelante otra vez, pero todo se hace cuesta arriba. Hoy los empleados están aguantando que los sueldos no se paguen en tiempo y forma por el amor que le tienen a la institución, pero eso no puede seguir así, porque todos tenemos gastos en nuestras vidas personales que son impostergables”. 

   Al trabajar con personas discapacitadas, en INCUDI prácticamente no se hizo home office durante la pandemia.

 

   “Tuvimos que estar presentes, y más que nunca. Además, al trabajar con personas de alto riesgo, se debieron extremar los cuidados y eso también acarrea gastos mayores que no podemos pasar por alto”. 

   Para citar un ejemplo, Gómez señaló que, con la facturación a las obras sociales apenas les alcanza para pagar los sueldos netos de los empleados. 

   “Todo lo demás, como ser gastos de limpieza o de mantenimiento, no podemos afrontarlos. El arancel de las obras sociales lo determina el Ministerio de Salud, por lo que no depende de ellas. Todas las asociaciones o agrupaciones de discapacidad atravesamos dificultades similares. Por ejemplo, el Foro Nacional de Discapacidad está planteando esta situación, porque es imposible seguir así”. 

   IOMA, que es la única que está fuera de este circuito por ser provincial, paga aún menos en concepto de aranceles. 

   “La diferencia con lo que paga Nación es de alrededor de 400 mil pesos por mes”, manifestó.

   Gómez se refirió al apoyo que recibieron de los empleados en medio de esta crisis.

   “INCUDI hoy depende de la buena voluntad de los empleados. Cuando ellos digan que no pueden esperar más, se complica la subsistencia. Obviamente que ninguno de ellos quiere que la institución cierre, pero la realidad está a la vista”. 

   “Pero Hay muchos que ya han optado por irse a otro lado y no es fácil reemplazarlos, porque trabajar con discapacidades requiere de mucha capacitación”, cerró Gómez.