Empresarios y comerciantes legalmente constituidos y reconocidos como tales, arrastran una vieja lucha contra el comercio ilegal que, hasta aquí, solamente les dejó heridas traducidas en frustraciones e impotencia, en contrapartida de lo que ocurre con quienes ejercen la actividad comercial de manera irregular, que vuelan con piloto automático y con viento a favor.

Jujuy puede contar una larga historia de acciones tibias en contra de la ilegalidad, las cuales nunca se constituyeron en una verdadera política estructural que ataque el problema de fondo. Por incapacidad, por desinterés o vaya a saber qué otro motivo, funcionarios se sucedieron sin que alguno de ellos se haya atrevido a tomar el toro por las astas y emprender decididamente una gestión que ponga, cuanto menos, un mínimo de equidad entre los actores del circuito comercial local, ello bajo la pasiva mirada de la dirigencia empresarial, actitud que en los últimos años experimentó un vuelco saludable.

La espera (prolongada por demás) por un escenario legal propenso a exigir y dar a cada uno lo que merece, parece estar llegando a un desenlace que, hasta aquí, se asoma favorable a los intereses de quienes se abrazan a la licitud. Respondiendo a esta añeja demanda del sector privado y, al mismo tiempo, movilizado por las propias necesidades del Estado, el gobernador Eduardo Fellner impartió precisas instrucciones para replantear un capítulo de la política fiscal, patentizadas en un proyecto de ley para normalizar complejos no convencionales, a partir de la constitución de un marco regulatorio para la instalación, mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos comerciales. Desde ya será clave el desempeño de la Legislatura para el pronto tratamiento y definición de la iniciativa del Ejecutivo, pero resultará más importante aún el futuro rol que asumirá en su implementación la Dirección Provincial de Rentas, organismo que actualmente destina agentes y recursos al relevamiento de información y censo de los actores involucrados en esta temática, en plena etapa de socialización y divulgación de los alcances del proyecto.

Este paso fundamental que dio el gobierno provincial, indefectiblemente tendrá que ser acompañado por los municipios (que también serán directos beneficiados), bajo cuya jurisdicción tendrán lugar los controles y verificaciones pertinentes, derivadas de la futura legislación. En consecuencia, las administraciones comunales tendrán que ordenar y fortalecer sus respectivos órganos de contralor para responder de manera eficiente y acorde a los cambios que reclaman todos quienes ratifican día a día su compromiso con el crecimiento de los jujeños y evitar situaciones desaconsejables, como la que se instaló en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y que representa un innecesario costo político.

Mientras la crisis económica y financiera golpea sin discreción a todos y cada uno de los eslabones de la cadena comercial en nuestra provincia, es imposible no reparar en la proliferación de áreas destinadas a la venta callejera o fuera del marco legal vigente, como si fuera el único sector al cual la recesión global no pudo alcanzar.

De la mano crece la preocupación por la expansión de ese tipo de comercio, situación que debe ser revertida, mediante la inclusión de todos los actores en un sistema regulatorio que contemple incentivos y promociones a la actividad comercial, medida que, desde ya, implica la necesidad de plantear un acuerdo social orientado al crecimiento general de Jujuy. Cualquier modificación profunda en la vida social, por ejemplo la que implicaría una regularización de todos los comerciantes, debe ser abordada tanto desde las empresas, como desde el Estado y también el sector sindical, e incorporar a las organizaciones sociales y a todos quienes tengan que ver con el asunto.

La inquietud del empresariado, sometido siempre a presiones impositivas, no es para menos, puesto que la actividad irregular conlleva un problema que puede resultar terminal para algunos comercios que es la competencia desleal. La desigualdad en el trato tributario genera una asimetría que cada vez se marca y se pronuncia más entre legales e ilegales.

El comercio es un sector neurálgico de la estructura económica jujeña, básico para las políticas de desarrollo armónico e integral que se persigue con ahínco.

En nuestro país, tanto el comercio, como los servicios, son componentes de más del 60% del Producto Bruto Interno (PBI), un registro que se ubica en línea con la tendencia de las principales economías mundiales. Además, comercio y servicios se constituye en un binomio que que ocupa la mayor mano de obra. Solo el comercio tiene más de 1.000 millones de empleados registrados, cifra que representa aproximadamente el 15% del total de empleados en Argentina. De hecho, no obstante la severa crisis económica mundial que impacta en todas las estructuras económicas, productivas e industriales, el sector comercial no generó desocupación masiva. La actividad comercial es una de las principales contribuyentes, dato no menor que es tenido en cuenta en el proceso de redefinición de pautas fiscales, de modo que la carga sea equitativa para todos los actores de la economía.

Empeñado en perfilar nuevo rumbo en la política fiscal hacia un norte que propicie el crecimiento económico y el desarrollo social, Fellner, apuntalado por equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y otras carteras, supo tomar nota de experiencias fructíferas y no muy lejanas, como la de Salta, volcadas a garantizar una infraestructura adecuada para el desenvolvimiento de las actividades comerciales, que la mercadería o servicios comercializados no incumplan las disposiciones legales vigentes y que quienes se desenvuelven en dichos complejos se encuentren también amparados conforme a la legislación laboral, previsional y de derechos del consumidor.

Es bienvenido el tiempo de cambio que abre el Ejecutivo jujeño y también es tiempo de esperar que la capacidad de entendimiento se haga carne en los legisladores provinciales, para así tornar en el corto plazo un progreso sostenido en el campo económico y social, que propenda a la mejora de la calidad de vida de la familia jujeña.