La primera no es un misterio para nadie: el factor que dispara el cambio siempre es político. La segunda lectura es que todas las reformas permiten detectar, según la dirección que tome el nuevo reparto, quién está debilitado y quién fortalecido. Si el que cede fondos es el Poder Ejecutivo, la motivación suele ser la búsqueda de alianzas que lo nutran políticamente. Si los que aflojan son los gobernadores, es porque necesitan asegurarse un respaldo financiero adicional a cambio de un oxígeno fiscal para el Gobierno. La tercera conclusión es que la coparticipación solo pudo ser modificada cuando confluyeron ambas situaciones.

Así sucedió en 1988 (en los finales de la debilitada gestión de Raúl Alfonsín) y en 1999, cuando el menemismo saliente habilitó un reparto pedido por la Alianza para compensar el déficit heredado de los ‘90.

El problema es que las reglas que se fijan en tiempos de carencias políticas, no responden a la búsqueda de un equilibrio fiscal de largo plazo. Hay costos que nadie quiere asumir. La urgencia sólo crea el impulso del cambio, pero sin racionalizarlo demasiado.