Muchos de los legisladores que el jueves levantaron la mano para aprobar las reformas de la ley impositiva y del Código Tributario (todos alperovichistas) ya están de vacaciones. Pero ninguno, excepto el presidente de la comisión de Hacienda, Ramiro González Navarro, salió a defender tales cambios. Se llamaron al silencio. Los opositores sostienen que las modificaciones suponen una peligrosa cesión de facultades a la Dirección General de Rentas y señalan una serie de artículos que, a su juicio, son violatorios de leyes nacionales y hasta derechos constitucionales elementales.

Con los votos del alperovichismo, y al final de una maratónica sesión -la última de este año- la Legislatura modificó la ley impositiva (5.636), que determina las subas impositivas nominales (numéricas) para las distintas actividades, y aprobó 72 modificaciones al Código Tributario, que establece los procedimientos tributarios y las bases imponibles.

Según pudo averiguar LA GACETA, los cambios se diseñaron y tuvieron un veloz trámite legislativo: el viernes 16 ambos proyectos, firmados por el ministro de Economía, Jorge Jiménez, y por el gobernador, José Alperovich, ingresaron a la Legislatura en un horario en el que ya casi no quedaba personal. El lunes los recibieron los responsables de darles curso, quienes los distribuyeron entre los legisladores el martes. Ese día la comisión de Hacienda y Presupuesto les dio dictamen y se los incluyó en el orden del día de la sesión del jueves.

El proyecto de modificación de la ley tributaria tiene 93 fojas y el del Código Tributario, 29. Es decir, 122 páginas para leer y comparar con las leyes que están vigentes. En 48 horas.

La mayoría de los parlamentarios consultados por LA GACETA afirmó que no podía brindar una opinión sobre las leyes porque no había tenido tiempo de leerlas.

Explicación oficial

"En el caso del Código Tributario, las modificaciones están dirigidas a tratar de adecuar la normativa provincial a la ley nacional 11.683, de Procedimiento Tributario, en el sentido de otorgar mayor agilidad a los procesos y darle facultades a la autoridad de aplicación (Rentas)", afirmó González Navarro a LA GACETA.

"También hay reformas referidas a la prescripción de las acciones del fisco para verificar, determinar y exigir el pago de los tributos. Y una modificación procedimental por cuanto se reafirma el carácter sumario de las ejecuciones fiscales. Es decir, las sentencias serán inapelables conforme al artículo 92, de la 11.683", aseveró el legislador oficialista.

El macrista Alberto Colombres Garmendia sostuvo que la inapelabilidad de las sentencias es una aberración jurídica incluida en el nuevo texto del Código. "El Pacto de San José de Costa Rica determina la obligación de la segunda instancia. De modo que este Código Tributario es violatorio de la Constitución nacional", aseveró.

A su vez, la radical Silvia Elías de Pérez apuntó que el nuevo Código supone un agravamiento en materia de sanciones por incumplimientos tanto formales como materiales y, en general, un recorte al derecho de defensa del contribuyente. "La modalidad recaudatoria de Rentas instituyó en Tucumán la industria de la multa y los juicios", aseveró.

La radical apuntó en contra de la disposición según la cual en el caso del impuesto a los Sellos la prescripción corre una vez que la autoridad de aplicación toma conocimiento del instrumento sujeto a tributación. "Nunca operaría la prescripción, si el fisco no toma conocimiento de la existencia del instrumento", aseveró.

Sobre el nuevo texto del artículo 65 del Código dijo que faculta a Rentas a establecer las formalidades para disponer exenciones, lo que supone un peligro. "Tucumán ya ha tenido nefastas experiencias en la materia, ya que el Poder Ejecutivo establecía condiciones incumplibles para otorgar las exenciones", afirmó.

A su vez, el legislador José Páez (Democracia Cristiana) afirmó que se autoriza a Rentas a publicar listas de deudores, lo que supone violar el secreto bancario. "Modifica disposiciones relativas al domicilio real de las personas fijado por el Código Civil, disponiendo que se tome en cuenta el domicilio de los inmuebles (para el impuesto Inmobiliario) y el de la radicación de un vehículo (para el Automotor)", apuntó Páez.

Con respecto a la ley tributaria, el opositor sostuvo que al aumentarse los mínimos la presión impositiva en la provincia aumentará. "Las medidas resultan contradictorias con la 'inclusión social' que predican", sostuvo.