El enfrentamiento entre los intendentes del PJ por la minería abrió un nuevo frente vinculado a la causa: la Empresa Provincial de Energía.

Los promineros, que integran Alejandro Abraham (Guaymallén), Rubén Miranda (Las Heras), Carlos López Puelles (Luján) y Jorge Omar Giménez (San Martín), insistieron al gobernador, Francisco Pérez, y al vicegobernador, Carlos Ciurca, en que los “antimineros”, liderados por Joaquín Rodríguez (Tupungato) y Martín Aveiro (Tunuyán), no participen del paquete de acciones de la empresa destinado a los municipios y que en total representa entre 5 y 10 por ciento de las ganancias. El reclamo incluye también al demócrata Jorge Difonso de San Carlos.

“Es una hipocresía que un municipio que impide la actividad después quiera participar”, lanzó el intendente de Guaymallén, y agregó: “No sería justa su participación”. Lo cierto es que las pujas y presiones entre ambos grupos por la participación en el organismo que tiene media sanción y que deberá administrar el mercado energético de la provincia terminaron complicando los tiempos de debate e implicaron la modificación de algunos puntos en pos de calmar la interna.

Entre estos cambios, se estipuló que la empresa ya no tendrá bajo su órbita el control de la actividad minera sino que se centrará en el control y manejo exclusivo de los hidrocarburos. “Se ha decidido que la empresa sea hidrocarburífera y no minera ya que puede generar ruidos y porque es materia de enfrentamiento entre los intendentes”, reconocieron desde el justicialismo. No obstante, el Senado está diseñando la lista con los recursos que administrará el organismo y que marcará la línea general de la provincia en materia energética.

La otra discusión que lleva adelante la Comisión de Hidrocarburos de la Cámara alta es la del tipo societario. Esto es porque la idea es que los municipios no participen de las acciones y que directamente sea una Sociedad del Estado pero con control netamente provincial. Esto ahorraría las quejas de los intendentes a la hora de disputarse la participación en la empresa y en la discusión del reparto de regalías entre los departamentos peronistas. Sin embargo, el proyecto que tiene media sanción en Diputados contemplaba la participación municipal por lo que, ahora, deberá modificarse y empezar de cero.

“Que peleen los lasherinos, los guaymallinos y demás pero cobremos todos”, dijo Abraham intentando traducir lo que él dice que piensan sus pares antimineros Aveiro y Rodríguez, ambos dirigentes defensores de la actividad agraria. “Abrir el debate de la minería implica un costo político que ellos no quieren pagar. No es justo. Hoy nos están tratando de demonios pero tampoco se privan de nada”, retrucó con gran malestar el actual presidente del justicialismo.

El lobby en la Legislatura para no incluir a los antimineros en el manejo de la empresa provincial de energía se inició hace varias semanas y terminó hace días con la decisión de quitarle la categoría de minera. Sin embargo, el oficialismo no echará por tierra la actividad sino que apostará a discutir el proyecto del senador peronista Ignacio Ortigala, que responde a Abraham y que impulsa una empresa provincial de minería y que permitiría desarticular el debate calmando las internas partidarias.

Con esa iniciativa se discutirá una regalía minera y se podrá tener en cuenta el pedido de los intendentes que impulsan la actividad y buscan excluir a los opositores del reparto. “Este proyecto implicará la definición productiva de cada departamento tal como hoy se está hablando. Pero el reclamo actual de los intendentes del Gran Mendoza no es posible de trasladar a la Empresa Provincial de energía porque Tupungato y Tunuyán también participan del petróleo”, aseguraron desde el Ejecutivo.

Toda esta situación ha llevado a que Francisco Pérez pida a sus legisladores bajarle el tono a la discusión de la empresa hasta tanto se calmen las “ansias” de los caciques. Tal es así que el tema será “entibiado”. Incluso a partir de la semana que viene el Ejecutivo empezará a militar la reforma política y constitucional como una forma de ponerle fin a los dimes y diretes entre los justicialistas por el tema minero.