Alcala y Sterin habían sido sobreseídos por el juez federal Pedro Zabala. Se apoyó en el informe de los peritos del Cuerpo de Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron que no hubo fraude al Estado. Sin embargo, dejaron dudas: advirtieron que no pudieron acceder a toda la documentación necesaria para realizar el dictamen.

Los camaristas Néstor Montezanti y Pablo Mera, de Bahía Blanca, ahora expresaron, en un fallo que firmaron el 11 de este mes, que no advirtieron las "categóricas conclusiones" a las que aludió el juez Zabala. "Más aún si tomamos en cuenta las limitaciones para llevar a cabo las tareas periciales", sostuvieron.

¿Cuál es el siguiente paso? Según recomendaron los camaristas, se deberán realizar nuevas pericias para determinar si Alcala y Sterin fueron o no responsables de los delitos que les imputan. Antes, el juez deberá pedir más informes a la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El expediente fue abierto de oficio por el entonces fiscal federal subrogante Jorge Bonvehi, en julio de 2006. Ocurrió luego de que los entonces concejales del Fregen, Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal, denunciaran sobrefacturaciones en los recorridos del servicio público de transporte que El Indio prestaba en Santa Rosa. Luego, la fiscal titular Marta Odasso tomó el caso e impulsó definitivamente la investigación.

Según la acusación, el empresario Diego Osorio -quien era uno de los imputados, pero como falleció en julio de 2007 quedó desvinculado del caso- infló los recorridos de sus micros urbanos para obtener más subsidios de Nación.

Además, los investigadores determinaron que el empresario, para esa presunta maniobra defraudatoria contó con la complicidad, directa o indirecta, de los funcionarios municipales, que avalaron con sus firmas las planillas que El Indio entregaba a la Secretaría de Transporte de la Nación con los kilometrajes. Las planillas que firmaron los funcionarios y el empresario equivalían a una declaración jurada.

El juzgado investiga las maniobras del dueño de la empresa de colectivos El Indio, Diego Osorio (ya fallecido y así desvinculado de la causa), en conjunto con el ex intendente Néstor Alcala y el ex secretario Jaime Sterin.

Según la acusación original, Osorio declaró en exceso los kilómetros recorridos y las unidades utilizadas en la prestación del transporte público de pasajeros para obtener más dinero a través de dos tipos de subsidios otorgados por el Estado Nacional: uno relativo a la obtención de gas oil a precio diferencial y el otro, dinerario, denominado SISTAU (Resolución 337/2004 que creó un fideicomiso al que se le adjudicaron por afectación directa fondos extrapresupuestarios de la Nación).

Por qué el juez Pedro Zabala sobreseyó a Alcala y a Sterin? El juez expresó que está "corroborado" que a partir de febrero-marzo de 2005 se "aumentaron considerablemente la cantidad de kilómetros recorridos y unidades empleadas en la prestación del servicio" de micros. Pero, manifestó, no lograron beneficios con esa maniobra. Es decir, no hubo fraude al Estado.

El magistrado expresó que los únicos datos que podían hacer variar el cupo a asignar era que se modificase el tipo de chasis de las unidades y no los kilómetros recorridos o la cantidad de vehículos del mismo grupo de chasis.

¿En qué se basó el juez para decir que no hubo perjuicios al Estado? "Fundamentalmente en el peritaje practicado por los peritos del Cuerpo de Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", sostuvo. Ese peritaje fue puesto en duda por la fiscal Marta Odasso, quien apeló el sobreseimiento: recordó que los peritos dijeron que tuvieron limitantes a la hora de acceder a la documentación. Ahora los camaristas le dieron la razón a Odasso.