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Así lo informaron fuentes judiciales que tuvieron acceso a la declaración indagatoria que realizó el ex funcionario, que se encuentra imputado junto a otras 8 personas en la causa por que los investiga por "Falsificación ideológica de instrumento público en concurso ideal con el delito de fraude en perjuicio de la administración pública".

La imputación de Camacho había sido elevada por el fiscal penal Nº 1, Eduardo Barrionuevo, quien según las fuentes, se habría inhibido de actuar en la causa por enemistad con algunos de los abogados que representan a los nueve imputados. A Camacho lo representa Raymundo Sosa, a Luis Alberto Díaz lo representa Darío Palmier, y a José Palma, Jorge Díaz, Sebastián Díaz, Osvaldo David, Julio Ríos, Daniel Maldonado, y Néstor Maldonado, el abogado José Retuerta.

La acusación sobrevino luego de que por investigaciones publicadas por Nuevo Diario se indicara a mediados de abril pasado que 8 de 12 lotes que habían sido adjudicados con precios promocionales habían sido vendidos antes del tiempo que se había puesto como tope para realizar esta transacción, lapso que era de 10 años. Tras esa situación, los puesteros que mantienen una contienda judicial con la empresa Argenorte, en tanto vivían dentro de las tierras cuando el gobierno de Juan Carlos Romero decidió rematar el ex lote fiscal, hicieron las denuncias ante la Justicia.

Según lo indicó Teodoro Algañaraz al intentar constituirse como querellante, fue víctima de la adjudicación de estos lotes, en tanto el (dijo), vivía en uno de los 8 lotes que se dieron en precio promocional y luego fueron revendidos. Ya en primera instancia el juez de Instrucción Formal de 5ª Nominación, Pablo Arancibia, negó esta posibilidad, por lo cual ahora el abogado Diego Protti, que representa a Algañaráz, apeló la decisión ante la Cámara de Acusación Sala II.

Intereses

Entre sus argumentos, el juez Arancibia entendió que Algañaraz no acredita "la calidad procesal de damnificado directo", al momento de entender que "toda vez que los bienes inmuebles…pertenecen al dominio privado del Estado y por lo tanto el eventual perjuicio patrimonial irrogado…se encuentra suficientemente representado por el procurador fiscal de la provincia".

Sin embargo, en el escrito por el cual se apela la decisión de Arancibia se indica que "la intervención del procurador fiscal en este juicio no garantiza el control ni la defensa de los intereses de las víctimas, del delito, toda vez que en esta causa están acusados y seriamente comprometidos políticos ligados al oficialismo que gobierna esta provincia y, por ende, se genera la sospecha de que el funcionario presentado no pretende impulsar sino tapar y obstaculizar la investigación de los hechos, en connivencia con los acusados".

Y es que en la denuncia original se apuntó al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy (cuñado de Luis Díaz), al diputado por Anta, Pedro Sández y al intendente de Quebrachal, Leonardo García. A estos dos últimos se los señala como quienes habrían conseguido "testaferros" a fin de beneficiarse con la reventa de estos lotes.